La Contraloría detectó un perjuicio económico por aproximadamente 5 millones y medio de soles en la ejecución y supervisión de un camino carrozable en la localidad de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe; además halló presunta responsabilidad penal y administrativa en 11 funcionarios municipales.

Según da cuenta en el Informe de Control Posterior que “se conformaron comités de selección designando a miembros que no cumplían con los requisitos establecidos en la norma de contrataciones, los mismos que calificaron y otorgaron la buena pro a postor que no cumplía con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas; afectando el correcto funcionamiento de la administración pública al no resguardar los intereses de la entidad”.

Asimismo, la Contraloría señala que la municipalidad no aprobó el deductivo correspondiente ni redujo el plazo de ejecución de obra, a pesar que desde el inicio de su ejecución se advirtió que la meta física no iba a ejecutarse al 100%; aprobándose un Adicional-Deductivo vinculante al finalizar la obra por montos que no correspondían, permitiendo además que se otorgara la ampliación de plazo N° 01 con un exceso de 13 días, dejándose de cobrar penalidad de S/ 232 340,94. Asimismo, no se consideró en el deductivo la suma de S/ 825 838,43, ocasionando un perjuicio económico de S/ 1, 058 179,37.

Por otro lado se señala que determinadas partidas de la obra fueron ejecutadas “sin la utilización de la maquinaria ofertada por el contratista, habiéndose pagado la suma de S/ 2, 102 385,42; además, el consorcio Cordillera Cañaris al no cumplir con llevar a obra toda la maquinaria ofertada de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra, correspondía aplicarse una penalidad de S/ 959 746,83, ocasionando un perjuicio económico para la Entidad por el total de S/ 3, 062 132,25.

Además, se menciona que la culminación de ejecución de obra se dio luego de vencido el plazo contractual, designándose Comité de Recepción de Obra contrario a la normativa, utilizando para el inicio de la recepción de obra documentos cuya numeración se encuentra duplicado con otro documento de contenido diferente, lo cual ha limitado a la entidad el no cobro de la penalidad correspondiente, generando perjuicio económico de S/ 959 746,83 a la Entidad.

Finalmente se menciona que la municipalidad valorizó y canceló la totalidad de trabajos contratados, pese a que ciertas partidas no cumplían con los requisitos de calidad establecidos en el Expediente Técnico y el Manual de Concreto Armado, constituyendo perjuicio económico por la suma de S/ 464 998,18.

La Contraloría recomienda al alcalde de Cañaris, Antonio Ventura Lizana, poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores que tendrían responsabilidad penal y administrativa.