Mientras el vicerrector académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Bernardo Nieto Castellanos, asegura que el próximo 29 de este mes entregarán el Plan de Adecuación a la Sunedu, desde la Oficina Defensorial de Lambayeque, se afirmó que se corre riesgo de que no se cumpla con subsanar las 30 observaciones realizadas a la universidad.

 

Teniendo en cuenta que el 3 de enero de 2020 es la fecha límite para presentar el Plan de Adecuación, el último 12 de este mes comisionados de la Defensoría del Pueblo acudieron hasta la universidad lambayecana a fin de conocer los avances para el cumplimiento del levantamiento de las observaciones, sosteniendo una reunión con la presidenta de la Comisión de Licenciamiento, María Rosa Vásquez Pérez.

 

“Verificamos la información brindada, como por ejemplo cuáles eran los indicadores observados por la Sunedu y cuáles eran los avances, lamentablemente no identificamos avances relevantes que puedan garantizar las subsanaciones en su totalidad. Solamente se verificó que once oficinas de la universidad habían cumplido con proporcionar información para el levantamiento de las observaciones”, sostuvo Fanny Mesones Ocaña, comisionada de la Defensoría del Pueblo.

 

Algunas de estas, se centran en la existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudios correspondientes, infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas y laboratorios), líneas de investigación a ser desarrolladas, verificación de la disponibilidad de docentes calificados, verificación de servicios educacionales, entre otros.

 

Fanny Mesones Ocaña, indicó que de todas las observaciones señaladas por la Sunedu, a la fecha, solamente se ha avanzado un 40%, “porque no hay avances relevantes. Faltan pocos días para el 3 de enero del próximo año y casi a menos de un mes no habían subsanado todas las observaciones en la documentación que ellos presentaban, así que sí podríamos decir que estaría en riesgo el Licenciamiento por la deficiencia y retraso de las autoridades de la universidad”, acotó.

 

“La Defensoría del Pueblo, primero está esperando hasta esa fecha para que pueda verificar si la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo logra subsanar las observaciones levantadas.

 

De lo contrario, se iniciarían acciones legales, debido a que de no hacerlo las autoridades de la universidad estarían incurriendo en alguna omisión de funciones o retardo”, precisó la comisionada de la Defensoría.

 

Subrayó que podrían incurrir en responsabilidades administrativas e incluso hasta penales. Por ello se espera que la casa de estudios logre cumplir con el Plan de Adecuación dentro del periodo establecido por Sunedu.