Para fines de este año se espera que el juez del Tercer Juzgado Civil de Lambayeque se pronuncie sobre la medida cautelar interpuesta por los consejeros regionales de oposición a fin de que el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, restituya a los asesores y asistentes, que les retiraron en mayo de este año. La medida podría darse mientras se resuelve el asunto de fondo, contemplado en la demanda de acción de cumplimiento.

 

Fue a través del oficio Nro. 570-2019-GR.LAMB/GR, que el gobernador, Anselmo Lozano, dio a conocer al Consejo Regional de Lambayeque que a partir del 1 de mayo no se asumiría el pago del personal de apoyo asignado a los consejeros regionales, tras recibir el informe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que advertía que no se cuenta con presupuesto disponible para gastos de asesores y asistentes.

 

Esta medida ha llevado una discusión y enfrentamiento que lleva más de siete meses y que tiene, por un lado al gobernador regional, Anselmo Lozano, y por el otro, a los consejeros en su totalidad, tanto oficialistas como de oposición.

 

Anselmo Lozano, ha insistido que los consejeros regionales no podrán volver a contar con sus asesores externos y personal administrativo. Y ha dicho que por más que el Poder Judicial se lo ordene, él no acatará.

 

Y es que si bien el reglamento interno del Consejo regional dispone que los consejeros no solo cuenten con oficinas, sino también con asesores y personal administrativo, Lozano Centurión ha señalado de manera reiterativa “que lamentablemente ese reglamento no tiene validez”.

 

El Consejo regional, al no aceptar la medida dispuesta por el gobernador formuló, en setiembre de este año, a través del Tercer Juzgado Civil, la demanda de cumplimiento. Siendo los demandantes los consejeros Antonio Gregory Sánchez Chacón, Mónica Giuliana Toscanelli Rodríguez, José Nicanor Martín Carmona Salazar, Glender Núñez García y Óscar Luiz Cárpena Recoba; en tanto, el demandado es Gobierno Regional de Lambayeque, representado por Anselmo Lozano Centurión, además del procurador público del Gobierno regional de Lambayeque.

 

El consejero delegado, Nicanor Carmona Salazar, señala que la demanda de acción de cumplimiento interpuesta por el Consejo regional exigía “que se cumpla con lo que se ha venido haciendo desde el año 2003 a la fecha. En que mediante el reglamento interno del Consejo regional se otorga a cada consejero el derecho de tener a un asesor y a una asistente. El valor del asesor por S/ 2,500 y de la asistente S/ 1,500”.

 

Recuerda que demoró un tiempo en ser admitida la demanda. “Pero el juez encontró que hay razones que justifican lo que estamos pidiendo y luego de ello, hemos presentado una medida cautelar”, refiere.

 

La medida cautelar a la que hace referencia Carmona Salazar, se presentó a fines de octubre, mientras se resuelva el fondo del asunto de la demanda de acción de cumplimiento. “Eso debe darse antes de fines de año, donde el juez se tiene que pronunciar apoyándonos con la medida cautelar. Si la medida cautelar nos es favorable, se le ordena al gobernador que reponga a nuestros asesores y asistentes de todos los consejeros”.

 

Finalmente, a siete meses de habérseles retirado los asesores y asistentes, que inclusive ha llevado a que la totalidad de consejeros regionales “pongan de sus bolsillos para pagar a asesores legales externos”, Carmona Salazar, confía que la medida cautelar interpuesta, en el juzgado que despacha el juez Juan Francisco García Mayorga, sea favorable.