Dar un paso al costado sería lo más recomendable para la asesora legal de la Gerencia Regional de Educación, Gloria Quevedo Salazar, tras haber sido sentenciada por abuso de autoridad y usurpación de funciones en Amazonas, señaló el gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno regional, Víctor Díaz Burga.

“Si es un delito contra la administración pública, que está relacionada a las funciones que ella tiene, yo considero, y estoy seguro, que seguramente ella va a dar un paso al costado, sino el gobernador tomará ya las acciones. (¿Sería lo más recomendable?), desde luego”, señaló el abogado Víctor Díaz Burga.

Y es que la abogada Gloria Quevedo Salazar, según el portal del Gobierno Regional de Lambayeque, se desempeña como responsable de la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Educación.

Gloria Quevedo Salazar, junto a Nilson Molocho Estela, (administrador de EsSalud Amazonas), según la resolución judicial N° 7 del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Utcubamba, Amazonas, de 30 de octubre de 2019, fueron condenados como coautores del delito contra la administración pública en la figura de usurpación de funciones, en agravio de Isaac Edgar Jiménez Parihuamán, trabajador del Hospital Buen Samaritano EsSalud y el Estado-Red Asistencial de Amazonas.

“Hemos esperado que haya un pronunciamiento el día de hoy. Nosotros definitivamente en la próxima sesión de consejo vamos a hacer un llamado, porque a pesar que tiene que apelar, es cuestionable, que en este caso (Educación) tenga como asesores-personal de confianza a una persona que tiene una sentencia. (Una resolución del 30 de octubre), tiempo suficiente para tomar una decisión y decirle hasta aquí nomás”, señaló el consejero regional, Antonio Sánchez Chacón.

Gloria Quevedo Salazar y Nilson Molocho Estela fueron sentenciados a “cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente en su ejecución por el periodo de prueba de dos años”, quedando sujeta a reglas de conducta, caso contrario “puede revocarse la suspensión de la pena y disponer su ingreso al establecimiento penitenciario correspondiente”, señala la resolución del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del juez, Néstor Mendoza Vega

Asimismo, a “un año de inhabilitación para ejercer función, cargo o comisión que ejercía u obtenga mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, conforme lo estipula el artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal, cursándose los oficios pertinentes con tal fin.

Además, se le fijó la suma de Diez mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada, Isaac Edgar Jiménez Parihuamán; y de la suma de mil soles a favor de la Red Asistencial Amazonas de Essalud.

El gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno regional, Víctor Díaz Burga, refirió que esa decisión judicial que comprende a Gloria Quevedo Salazar “puede ser impugnada, por ambas partes, tanto por los agravados como por los sentenciados y el Decreto Legislativo N° 276 señala que una vez que está consentida o ejecutoriada la resolución, cuando es menos de cuatro años, se inicia un proceso administrativo (según Servir)”.

Responde

La aludida, Gloria Quevedo Salazar, precisó que le “gustaría que se revise (la sentencia). Estoy en mi plazo para impugnar esta sentencia, que no es firme todavía, no es una sentencia que esté consentida. Es una sentencia que a mí todavía no se me ha notificado formalmente y tengo derecho a la defensa. Y voy apelarla”.

“No solamente es absurda, injusta, incongruente, incoherente con la realidad y con el derecho. En el análisis que hace de la presunta responsabilidad penal no cita ningún tipo de responsabilidad penal, al menos no para mí”.

ANSELMO DEBE DECIDIR

Gloria Quevedo Salazar, consultada si seguirá como responsable de la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Educación, señaló que quien debe decidir su situación será Anselmo Lozano. “En realidad quien tendría que tomar una decisión sería el gobernador, respecto a la posibilidad de que yo fuera la inhabilitada, porque como verá, en la sentencia es tan imprecisa que no dice para quién es la inhabilitación”.

La Industria trató este viernes de comunicarse con el gerente regional del sector, Daniel Suárez Becerra, pero no respondió las llamadas telefónicas.

“Es cuestión de que, como es cargo de confianza, el gobernador lo evalúe”, sentenció el gerente de Asesoría Jurídica, del Gobierno regional, Víctor Díaz Burga.