Una reparación civil de 30 millones de soles a favor de la Municipalidad Distrital de Olmos, está pidiendo la Procuraduría del caso Lava Jato, ante la Sala Superior que ventila la apelación, luego que la jueza Maribel Mendoza archivara su pretensión.

La apelación se encuentra en discusión sobre la reparación civil vinculada a los hechos penales de condonación del impuesto de alcabala, respecto a la adquisición de tierras del Proyecto Olmos en el año 2012, durante gestión del exalcalde Willy Serrato, implicando a funcionarios y regidores de ese momento.

Silvana Carrión explicó que el Proyecto Olmos tiene varias investigaciones en diferentes carpetas fiscales. Una de ellas permanece en Chiclayo y es la que concitó su llegada a esta ciudad.

Indicó que el caso fue archivado en mayo de este año por la juez de investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Motupe, Maribel Mendoza Cueva, básicamente por vincular la pretensión civil a una estructura penal, por lo que la Procuraduría está insistiendo en que debe analizarse desde una perspectiva netamente civil en base al Código Civil.

La Procuradora subrayó que se trató de un acuerdo ilegal e irregular, en el cual se pactó la condonación de un impuesto que la Ley Tributaria prohíbe, indicando que los impuestos solo pueden ser modificados o condonados por ley, mas no por ningún funcionario público, como lo hicieron Willy Serrato, regidores, funcionarios y representantes de las empresas adjudicatarias.

Señaló que originalmente este impuesto había sido determinado en 14 millones de soles en el año 2012; tras un acuerdo privado que fue llevado a acuerdo de concejo municipal, se acordó reducir el impuesto de 14 millones a solo dos millones de soles aproximadamente.

“Entonces ese acuerdo para nosotros es ilegal e irregular, que contraviene normas jurídicas ya no del tipo penal, porque ese tema quedó zanjado, pero sí normas civiles, tributarias y administrativas. Y esa conducta antijurídica ha generado un daño a la comuna de Olmos, por una decisión arbitraria de funcionarios públicos”, remarcó, añadiendo que se trata de dinero que la comuna de Olmos no ha percibido durante siete años.

Anotó que la Sala tomará los 20 días de ley para resolver; en ese sentido, probablemente a finales de este mes o inicios del próximo, pueda emitir su decisión.

“Esperamos que la Sala acoja nuestra posición, si no fuera así todavía podríamos hablar de una acción más y llegar a la Corte Suprema, porque consideramos que es un caso importante, un caso emblemático y la comuna de Olmos merece ser resarcida por estos hechos que cometieron en su momento los funcionarios que estuvieron a cargo”, subrayó la Procuradora.

El pedido es 30 millones de soles, 20 millones como daño patrimonial y 10 millones como daño extrapatrimonial.

El proceso es contra el exalcalde, regidores y representantes de las empresas. El caso empezó el 2014 y lo denunció la Procuraduría de la municipalidad de Olmos; luego pasó a Procuraduría Anticorrupción de Chiclayo, y en el 2017 a la Procuraduría Ad Hoc en Lima.