La ciudadana Vanessa Castro Guerrero aclaró que no ha sido denunciada por el presunto delito contra el patrimonio, puesto que no ha sido formulada la investigación preliminar aperturada y que fue formulada desde el mes de abril, a menos de tres meses de haber accedido al cargo de presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) del colegio Nuestra Señora del Rosario.

Hay que indicar que un grupo de padres de familia acusan a Castro Guerrero por la apropiación de 350 mil soles depositados en una cuenta mancomunada.

Respecto a esta acusación, Vanessa Castro, explica que existió desinformación hacia los padres respecto a la imputación sobre la supuesta apropiación del dinero, en reunión convocada por la directora del colegio Nuestra Señora del Rosario, y apoyada por el Comité de Vigilancia. Quienes exigían se obedezca a sus exigencias y contratación de la empresa Sebul, al mes y medio de haber accedido al cargo con el sustento que la cuenta estaba a nombre de la presidenta (cuenta personal), ello sumado a las denuncias públicas de un aproximado de 30 personas que refieren ser padres asociados a la APAFA.

Mediante carta remitida al Diario, Castro Guerrero expone que este grupo de padres se apersonaron a su centro de trabajo y domicilio, con calificaciones deshonrosos y exigiendo la devolución del dinero, indicando que es la expresidenta de APAFA, encontrándose entre ellos la tesorera. “Bien sabe que no puedo apropiarme de dinero alguno, pues la cuenta es mancomunada con ella”.

Señala que no se niega a devolver el dinero, pues el acto administrativo actualmente registrado en Sunarp es nulo, que la Asociación de Padres de Familia actual está conformada por más de 1200 padres; siendo un grupo minoritario el que está protestando, el cual no tiene legitimidad para convocar a asamblea; sin embargo, el 6 de abril, convocó para aprobar la revocatoria de Castro Guerrero, sin resultados favorables por falta de quórum.

La reunión del mes de agosto 2019 a la que refiere el oficio 005848-2019 GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, donde se determina la revocación del cargo como presidenta, dijo ser nula por no haber sido convocada conforme a Ley 28628 y no existe causal para ese trámite legal, que al ser una asociación sin fines de lucro se rige por normas civiles.Sobre esta información, refiere que ha tenido de conocimiento a través de una carta notarial dirigida por la presidenta del comité de vigilancia, donde exige devolución del dinero.

“Contrario a la celeridad en resolver la solicitud del Comité de Vigilancia respecto de la revocatoria realizada en agosto, la Dirección Regional de Educación a través de su departamento DGI no ha emitido pronunciamiento legal para la transferencia de funciones que debería ser asumida por la primera vocal respecto al documento ingresado en mayor por el cual se informó que la señora Onelida Zetner (tesorera) había renunciado en el mes de abril en asamblea y por escrito vía digital ante el Consejo Directivo”, se lee en el documento.

También indica no ser familiar del representante del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, Dario Balcazar Quintana.