Acciones dilatorias y cuestionados procedimientos serían las causas para que el presupuesto de más de 4 millones de soles, aprobado para la ejecución de la obra, “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles 3,4,5, 7 de Mariscal Sucre y Los Ceibos del distrito de Pomalca”, corran el riesgo de perder la continuidad presupuestal y ser revertidos al erario nacional.
De la documentación obtenida por La Industria, se conoció que el procedimiento de selección viene siendo, hasta ahora, sometido a dos recursos impugnativos, los cuales han sido interpuestos por un mismo participante ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), en este caso el Consorcio Ejecutor Norte, integrado por Copabanti Contratista General Y constructora San Juan.
A la fecha, el TCE ha admitido el recurso impugnatorio del Consorcio Ejecutor del cual podría emitir un pronunciamiento en la quincena de noviembre; sin embargo este proceso solo podría llegar hasta el proceso de adjudicación.
El especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chavez Pita, advirtió que si el tribunal tomara una decisión diferente el presupuesto asignado para estos trabajos podría revertir al erario nacional.
“Si el tribunal tomara una decisión diferente, como la declaración de infundado, el proceso que está actualmente suspendido podría quedar desierto y como consecuencia el presupuesto asignado retornaría la Estado”, dijo Chávez Pita.
LA HISTORIA
El último martes 15 de octubre los pobladores del distrito de Pomalca ya advertían esta situación y explicaban que su único interés es que sus obras se ejecuten, si bien el presupuesto para estos trabajos fue conseguido por la anterior gestión, al actual alcalde Julio Lazo Pomares solo le tocaba continuar con el proceso de selección.
Y esto fue lo que se dio. El 15 de abril de 2019 se inicio el proceso, pero las bases iniciales fueron cuestionadas por los participantes en diferentes aspectos; ello trajo como consecuencia que, inclusive, estas fueran sometidas a consulta ante el OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado), quien emitió su pronunciamiento.
Luego de los procedimientos posteriores, el 27 de junio de este año, el comité de selección optó por adjudicar la buena pro a la empresa JAGUI SAC, quien ofertó el 100 % del valor referencial, adjudicación que en una primera oportunidad fue impugnada por el Consorcio Ejecutor Norte ante el TCE, quien el 22 de agosto del año en curso, resolvió darle la razón al consorcio mediante la Resolución N° 2398-2019-TCE-S3.
GRAVE
Entre la documentación revisada, se observó que el primer recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Ejecutor Norte, podría estar inmerso en un acto irregular, ya que de acuerdo a los documentos presentados en el recurso y que fueron publicados en el SEACE, aparecen firmas que serían distintas a la del representante del Consorcio Ejecutor Norte.
Esto al parecer no fue evidenciado por el TCE al momento se resolver, pues de haberse detectado el recurso hubiera sido declarado improcedente y la pretensión del apelante se hubiera desestimado.
El especialista en contrataciones del Estado, Chávez Pita, dijo que en este proceso se evidenciaría una irregularidad respecto a la suscripción del recurso por parte del representante legal del consorcio apelante.
“De ser confirmada la irregularidad, generaría que el acto administrativo emitido en la Resolución N° 2398.2019 podría perder eficacia en cuanto provendría de una acto punible de ilegalidad, en este caso, producto de una posible falsificación de la firma en el primer recurso del representante del Consorcio Ejecutor Norte”, explicó el especialista.
PROTESTA
Los pobladores del distrito azucarero de Pomalca protestaron el pasado 15 de octubre en la entidad edilicia para exigir a la autoridad edil que tome cartas en el asunto sobre este tema, porque en sus sectores urge la ejecución de obras.
Ellos manifestaban estar cansados de vivir respirando polvo y de ser seriamente afectados durante el periodo de lluvias, pues sus calles se convertían en enormes lagunas y además por la contaminación.
En su momento el alcalde del distrito, Julio Lazo, se negó a conversar con La Industria para dar una respuesta a este tema.