En la reunión de trabajo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana se expuso varias posiciones respecto a la convivencia de inmigrantes venezolanos y la delincuencia en la región Lambayeque.

La reunión inició con la exposición del jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Ramón Becerra Cervera; quien manifestó que la institución a quien representa ha identificado puntos críticos como en la urbanización Quiñones y el pueblo joven 9 de Octubre, donde se registra venta de drogas así como en Remigio Silva, donde hay fumaderos.

Asimismo, se registran asaltos y robos en la urbanización El Ingeniero, urbanización 3 de Octubre, El Porvenir y en el distrito de Pimentel.

También mencionó que hay ciudadanos extranjeros que trabajan de manera informal o piden dinero en las calles. “Si el peruano no les entrega, las reacciones pueden ser lamentables”, narraron en la reunión.

“Hay venezolanos que venden cañas o agua embotellada en las calles o carreteras, exponiendo su vida y la de los conductores. Sin embargo, hemos detectado que el agua que venden es de los grifos, está contaminada”, comentó Becerra Cervera.

En el penal de Chiclayo están internados 17 venezolanos y 4 en el penal de Cajamarca, por delitos en robo agravado.

La policía informó que son 100 informes remitidos a Migraciones para que continúe con el proceso de expulsión, puesto que se detectó que estas personas ingresaron de manera ilegal o registran antecedentes.

La policía ha realizado hasta el momento 102 operativos, donde se detectó a 462 extranjeros.

Explicó que la traba para lograr la expulsión es en la sede nacional de Migraciones, debido a los trámites que hay que realizar. Además, de lo difícil que resulta notificar en los domicilios, por ser población itinerante.

“Al extranjero se le somete a leyes peruanas, se le interviene, se detiene, se comunica al Ministerio Público, es decir se le somete a un procedimiento regular. Pero en el caso de ingresos irregulares, el proceso es diferente. Lo que se hace con Migraciones es verificar sus domicilios y notificar, pero siendo una población itinerante resulta difícil encontrarlos”, indicaron los representantes de la policía.

La macro regional norte está concluyendo un curso de especialización para 36 policías sobre el tema de extranjería.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, señaló que se debe acabar con las trabas para lograr con la expulsión de los venezolanos, teniendo como antecedentes las agresiones que recibe el personal municipal durante los operativos.

“Hay delincuentes venezolanos que se ocultan en los empleos informales, a cada momento nuestros policías municipales son atacados con armas de todo tipo, en los operativos a hoteles también encontramos, así como en el mercado Modelo y avenida Balta, reportamos pero luego no sabemos qué pasa con ellos”, comentó.

Citando como ejemplo un operativo coordinado con Migraciones y PNP, donde se logró intervenir a 85 venezolanos indocumentados, pero ahora se desconoce qué acciones se tomaron con ellas. Agregó que, tampoco se les puede otorgar algún apoyo humanitario.

“Darles el apoyo humanitario y nosotros qué. Estos sinvergüenzas en su mayoría causan caos y desorden en la ciudad. Y lo peor incrementando la tasa de homicidios y robos, eso no debemos permitir”, acotó.

Explicó que la mayoría de venezolanos en otros países son rechazados, pero en Perú ingresan sin problemas. “Que se haga más efectivo este trabajo y los cuellos de botellas no se quede en temas administrativos y sean expulsados o queremos esperar más delincuentes, caos y comercio ambulatorio. Y si hay que llevar la voz al ministro del Interior, que Migraciones funcione de manera más efectiva, pues lo haremos”.

Ante estas opiniones, el jefe zonal de Migraciones en Chiclayo, Napoleón Rivas Chávez, mencionó que para la expulsión de un extranjero son dos etapas. Primero notificar al venezolano y luego entregarles la resolución final de expulsión, pero ahí viene el problema puesto que no se logra notificar en la mayoría de veces porque es una población itinerante.

Recomendó la instalación de garitas para lograr el control de los informales.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera refirió que se debe aumentar los operativos y patrullaje. Además de identificar en qué zonas están para lograr notificarlos y continuar con el proceso de expulsión.

“Se les puede identificar en las calles porque ya se conocen dónde están y entregar la notificación. Este trabajo es de la Policía y Migraciones. Mientras que el municipio debe realizar los operativos en el centro de la ciudad, pues con la reubicación de los comerciantes, se han trasladado al centro de la ciudad”

El gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión convocó a una reunión para el 9 de octubre en la sede del Gobierno Regional, donde los técnicos de cada institución del Comité Regional de Seguridad Ciudadana deben participar.