Mediante un documento remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Lambayeque; Marino Bravo Chapoñán, hasta hace unas semanas docente en el Instituto Público Pascual Saco Oliveros, denunció al administrador de la Gerencia Regional de Educación (GRED), Domingo Hurtado Sipión, por supuestas irregularidades en la contratación de una docente previamente ya jubilada.
El denunciante plantea en el oficio, que se “está menoscabando arbitrariamente todos sus derechos adquiridos”, al haber llegado por concurso público a la plaza que antes ocupaba la profesora, ahora contratada, Magda Horna de Moyano. El educador alude que la GRED hizo retornar al puesto a la jubilada a pesar de que ya había cumplido con los años de aportación a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
“Al amparo de la ley, denuncio irregularidad funcional en mi agravio por parte del jefe de la oficina de Administración - GRED, Domingo Hurtado Sipión”, describe el asunto del documento enviado a OCI. Seguidamente, dice “que, fui contratado como docente por concurso público desde el 11 de junio al 31 de diciembre del 2019, quedando entendido que me asisten todos los derechos que resguardan la vigencia ininterrumpida de mi contratación”.
En el párrafo siguiente precisa: “se pretende menoscabar arbitrariamente todos los derechos adquiridos; so-pretexto infundado de que Magda Horna de Moyano no ha completado el límite de aportes de 20 años a la ONP y por tanto se pretende darle la oportunidad para completar el mínimo de aportes, más aún habiendo cumplido 70 años de edad”.
ADMINISTRADOR
Ante todo lo expuesto, se buscó la versión del administrador de la GRED, quien aseguró que el área de Planillas de esta entidad cometió un “error” al haber cesado a Horna de Moyano sin revisar los años de aportación. “No ha habido ninguna negligencia… error sí. Nosotros ya estamos tomando las acciones con esa área (Planillas); porque si hay alguna responsabilidad tenemos que ejecutarla”, sostuvo Hurtado Sipión.
Sobre el motivo de la contratación, el funcionario explicó que se debe a que la jubilada incumplía con los años de aportes a la ONP, a pesar de su edad, y que ello conllevaría que no reciba una “pensión justa”.
“Hemos solicitado el reporte a la ONP y nos dice que tiene 17 años y seis meses de aportes. Cuando sucede una situación como esta, el contrato queda sin efecto, no se está vulnerando al denunciante”, aseveró.
