La celeridad (vía terminación anticipada) con la que el Poder Judicial dictó sentencias (23 en dos días) contra implicados en la presunta mafia de ‘Los Corchines de la Corrupción’, con penas suspendidas en su ejecución, fue puesta en el análisis por dos expertos juristas.

 

“Creo que hay que ajustar un poco la labor de los jueces, porque es obvio que, luego de una investigación se ve quiénes son la columna vertebral, para quienes sí debe ordenárseles detención preliminar, pero no a los secundones que no tenían un protagonismo central en la organización criminal”, expresó, José María Balcázar Zelada, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

 

Agregó, sentir una desazón en la sociedad por el gasto de logística, el cual termina con penas condicionales. “Pienso que los jueces tienen que dictar la pena que corresponde y la detención cuando se determine que son protagonistas”, señaló.

 

A su turno, el pastdecano del ICAL, Carlos Martínez Oblitas, destacó que la ley procesal permite hacer una negociación (terminación anticipada) de este tipo respecto a la imposición de la pena en función de que los investigados admitan la comisión de los hechos.

 

“No puedo entrar en detalles porque tendría que ver el contenido de la terminación anticipada y el grado de relación que tuvieron los implicados con los delitos cometidos, pero me parece que hubo flexibilidad en la pena a imponer”, declaró.

 

A pesar de esto, Martínez subrayó que la figura empleada está dentro de lo legal y no contraviene ninguna norma. “Existe esa posibilidad de que, siendo delincuentes primarios les ponen penas por debajo del mínimo legal”, acotó.