Tras lo sucedido con el regidor de Chiclayo Marino Olivera Cruzado y el consejero regional de Lambayeque Ésar Aguilar Valdera, quienes fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de pena suspendida en su ejecución e inhabilitados de sus cargos por el mismo periodo, diversos representantes de la sociedad se pronunciaron.
Juan Dávila Cisneros, decano del Colegio de Sociólogos de la región, sostuvo que lo acontecido es el reflejo de no elegir bien a las autoridades que nos representan, “…quien gana ahora las elecciones es quien tiene más dinero… y no es por su currículum, experiencia o de qué manera contribuyó a la sociedad”, agregó.
En su momento, Elmer Rivas López, secretario general del Sindicato del Gobierno Regional de Lambayeque, indicó “…el señor Ésar Aguilar y su familia tienen una empresa, que prácticamente ha sido una parte del sostén económico para la gestión del señor Anselmo Lozano”.
Se ha demostrado, que los personajes que ingresan a la política pagando un cupo por un puesto en el Congreso, las municipalidades o gobiernos regionales, entran a delinquir, prosiguió.
PROPUESTAS
En ese sentido, Dávila Cisneros, señaló que una buena opción es limitar la publicidad electoral a todos los partidos políticos que postulan. Asimismo, se conozca de dónde proviene el dinero que invierten en su campaña.
De esta manera, se eviten casos como lo sucedido con Susana Villarán, a quien se le acusa de recibir dos millones de soles de Odebrecht.
Manifestó que la academia, los medios de comunicación, los colegios profesionales y demás representantes de la sociedad civil, tienen la obligación de guiar a la población para elegir a las autoridades idóneas.
Por su parte, Rivas López, subrayó que para erradicar la corrupción deben existir organizaciones debidamente constituidas, pues muchos especialistas han comentado que mientras no haya agrupaciones sólidas se continuará dando el comercio político. “Ello tendría que controlarse con una reforma política”, añadió.
SANCIONES
A su turno, Álvaro Mendoza Cortijo, coordinador de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque (ADOSCIL), aseguró que en estos casos, la justicia no debe ser flexible, por el contrario, las personas que resulten culpables deben ser procesadas y sentenciadas.
“…Es momento de limpiar la casa, limpiar Lambayeque, caiga quien caiga tiene que ir a la cárcel. Si de por medio existe un delito no hay remedio, acá se tiene que ser intransigente”, concluyó.
