Una nueva denuncia de carácter penal deberá afrontar el exalcalde de José L. Ortiz (JLO), Epifanio Cubas Coronado. Esta vez, la Procuraduría Pública Municipal leonardina, acusó ante el Ministerio Público una serie de irregularidades basándose en la auditoría de cumplimiento hecha por el Órgano de Control Institucional (OCI) de esta comuna.
La denuncia reza de manera enfática, Interponer denuncia penal contra: Epifanio Cubas Coronado, Sergei Iván Chafloque Montenegro, Mónica del Rosario Delgado Peña, Rad Clay de la Piedra Arévalo y Pedro Leonardo Pérez Bautista.
“…por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio de la Municipalidad Distrital de J. L. Ortiz”, se lee en el escrito.
La procuradora pública municipal, Maritza León Cachay, deja en claro que la denuncia la interpone en mérito al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 001- 2019, con relación a las contrataciones cuyos montos son iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias -UIT- (periodo 1 de enero 2016 al 13 de julio de 2018.
LOS HECHOS
El primer hecho observado por la auditoría es la elaboración del Estudio Ambiental del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por una entidad no autorizada para elaborar estudios ambientales.
“…esto para el proyecto de inversión, cuando solo correspondía ficha técnica ambiental, el cual podía ser elaborado por profesionales de la entidad, deviene en inaplicable, ocasionando perjuicio económico de 32 mil soles”, se lee en el informe.
Cabe precisar que dicha imputación gira en torno a la obra Mejoramiento de la redes de agua potable y alcantarillado de la urbanización San Carlos-JLO.
Según el OCI, el 24 de marzo de 2017 se elaboró un nuevo cuadro comparativo de cotización con las mismas propuestas de Eco Planet EIRL., Arpson Perú SRL., excluyendo a Constructores y Consultores Ambientales Ayulo & Flores e incluyendo, en su lugar, a DME Consltuing EIRL. por 32 mil soles.
“…la cual resultó ganadora de la buena pro, pese a que dicha empresa no se encuentra inscrita en el Registro de Entidad Autorizadas para Elaborar Estudios Ambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, indica la auditoría.
El órgano de control deja en claro que, el entonces burgomaestre, Epifanio Cubas y el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sergie Chafloque Montenegro, tenían conocimiento que la ficha técnica ambiental y que no le correspondía al PAMA a la obra de la urbanización San Carlos.
“… inclusive, el alcalde dispuso al gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano la atención y fines pertinentes del documento sin número del 25 de abril de 2017 de la empresa DME Consulting EIRL. que solicitó hacerse efectivo el pago”, manifiesta el documento.
El OCI remarca indicando que, los hechos expuestos generaron un perjuicio económico para la entidad de 32 mil soles, “al haber contratado el PAMA cuando dicho programa no era aplicable al proyecto de la mencionada obra”.
OTRO HECHO
Un segundo hecho materia de la citada denuncia penal tiene que ver con la adquisición de 15 llantas por el importe de 10 mil 725 soles “a la empresa cuyo domicilio fiscal no fue ubicado, en base a cotizaciones irregulares, con pago en exceso de 4 mil 35 soles, afectando los principios que deben regir las contrataciones”.
El OCI en este caso señala que, el señor Jorge Luis Mundaca Barbosa, subgerente de Logística de esta comuna suscribió el cuadro comparativo de cotizaciones N° 210-2017 del 18 de julio de 2018, por 15 llantas, teniendo como referencia el monto ofertado por cada postor, resultando ganador de la buena pro la empresa Piscis Ingeniería y Consultoría SAC. por el importe de 715 soles cada llanta siendo el monto total 10 mil 725 soles.
“Los hechos mencionados se produjeron por el accionar del subgerente de Logística, al no haber efectuado un adecuado estudio de mercado, conllevando a que por dicha adquisición se efectúen pagos adicionales que habrían causado perjuicio económico, soslayando los principios que rigen las contrataciones del Estado”, señala la auditoría.
