Personal administrativo de la Gerencia Regional de Educación, así como un grupo de docentes y empleados de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lambayeque y Chiclayo, se vieron beneficiados con unos pagos ejecutados en el mes de mayo, pero que debieron ejecutarse recién al final del año con los saldos presupuestales de estas unidades ejecutoras.

 

Anselmo Lozano Centurión, gobernador regional de Lambayeque, tras ser consultado sobre el tema se mostró sorprendido porque dijo desconocer sobre estos pagos adelantados en un sector donde más problemas presupuestales existen.

 

“Quiero ver el tema, obviamente iniciaremos una investigación. A mí no me tiemblan las manos. Dejaré directivas para que el lunes (hoy) desde las primeras horas se reúnan y nos expongan el caso.

 

Es bueno que me esté comunicando esto. Esta semana debo de estar en Lima, cuando regrese voy a ver ese tema. No estoy de acuerdo con eso porque la parte social que se debe en Educación y Salud es fundamental”, expresó totalmente mortificado la autoridad regional.

 

Tras conocer la versión del gobernador regional, se buscó al gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, quien accedió a la entrevista acompañado de los directores de Administración de las UGEL Lambayeque y Chiclayo.

 

El tema principal era conocer el por qué se había adelantado el pago a estos trabajadores del sector Educación, si dentro del acuerdo que se tiene, se señala que estas deudas se asumen con los saldos presupuestales al final del año, pero ellos afirman que se “proyectaron” y lograron ver que tenían saldos a favor y por ello procedieron a pagar. “Tú vas evaluando tu ejecución y vas aprobando”, alcanzaron a decir.

 

 

Celia Peralta Lalopú, directora de Administración de la UGEL Chiclayo (quien hace unos días renunció a este cargo por no cumplir con el perfil que indica el Manual de Organización y Funciones), reconoció que en su unidad ejecutora ya se desembolsó un total de 522, 319. 86 soles, pero según dijo, no existe ninguna irregularidad, mucho menos una ilegalidad.

 

“Se ha hecho de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 105. En el mes de mayo se han hecho algunos pagos debido a que hay sindicatos que tienen actas de trato directo como es el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Educación de Lambayeque, que datan del año 2011, que con el gobernador anterior firmaron dicha acta de trato directo. Lo mismo se hizo con el gerente regional de Educación en el año 2016. En el año 2013 a nivel de sedes administrativas con el Ministerio de Educación y en el año 2016 otra acta y para este año una nueva acta”, declaró.

 

Celia Peralta, detalló que en mayo pagaron a 38 trabajadores 73,017.42 soles. En otra planilla están inmersos 600 trabajadores por un monto de 384,465.44 soles. Además, se pagó a 29 docentes un total de 25, 837 soles. Otro desembolso que se hizo desde la UGEL Chiclayo fue para 26 directores por 39 mil soles. La UGEL Chiclayo desembolsó un total de 522, 319. 86 soles.

 

 

 

Según Celia Peralta, el presupuesto para el pago de estas remuneraciones como pertenece al sector Educación no puede tocarse, porque según afirma, es el sector que más problemas tiene; es decir, no puede ser invertido en otros rubros o gastos.

 

Sin embargo, luego de unos minutos, cuando se le preguntó si el gobernador regional dispone la transferencia de parte de este presupuesto, la funcionaria dijo que si alguna otra unidad ejecutora le falta dinero por concepto de remuneraciones, las autoridades sí podrían disponer de ese presupuesto, “y nos quedamos nosotros con nuestras deudas impagables. Pero eso siempre y cuando nosotros lo autoricemos como unidad ejecutora”, aseguró.

 

Asimismo, se le preguntó si estos desembolsos económicos se habían ejecutado amparados en una resolución que dejó la gestión del gobernador anterior, la funcionaria confirmó esta versión.

 

Luego, cuando se le hizo la pregunta si el actual gobernador regional podría dejar sin efecto esta resolución, la funcionaria reconoció que sí tiene esas facultades la autoridad regional. “Sí, podría dejarla sin efecto (la resolución), en forma arbitraria probablemente porque es un derecho de los trabajadores.

 

Le quiero decir al señor Anselmo que confíe, que las personas que él ha designado están haciendo un buen trabajo con la finalidad que la gestión mejore. La resolución que quedó del año pasado no la va a cambiar nadie”, agregó.

 

Por último, cuando se le preguntó si el gobernador regional había sido informado que se iban a realizar estos pagos, Celia Peralta dijo que sí, que inclusive habían sostenido una reunión donde participó Anselmo Lozano y la propia gerente general María Castro Grosso.

 

“He tenido una reunión con el gobernador (Anselmo Lozano), la gerente general de la sede regional, el gerente regional Daniel Suárez, que luego se retiró porque tenía que viajar a Lima. También estuvieron los tres directores de las UGEL y los miembros del SUTEP. Probablemente no lo recuerde (Anselmo Lozano) porque hay muchas situaciones que se vienen dando. En esa reunión lo que los dirigentes exigían era que cuando se pague parte de la deuda, no sea exclusivamente para los administrativos y docentes.

 

Les he dado un folder y saben qué deudas hay en el sector Educación. Ellos sabían de la deuda, pero no de cuándo la hemos pagado. Aquí no hay nada ilegal ni irregular”, sentenció.

 

 

 

En el caso de la provincia de Lambayeque, Carlos Augusto Vílchez Peche, director de Administración de esta UGEL (funcionario que tampoco cumple con el perfil que señala el Manual de Organización y Funciones), confirmó que su representada había pagado a 200 trabajadores un total de 210, 791.11 soles “y se les pagó a los que tienen su resolución de reconocimiento de deuda. El pago demora 15 días más o menos en programarlo. En mi caso, respecto al pago que se les hizo a los administrativos, me he reunido con los cuatro sindicatos. Las entidades públicas normalmente hacen un corte al primer semestre. Un poquito que nos hemos adelantado, pero esto es por el reclamo de los administrativos que ganan muy poco y es justo pagarles parte de su deuda y lo que se les ha dado no significa ni el 15%”, aseguró.

 

 

Daniel Suárez Becerra, desde un inicio de la entrevista reconoció haber tenido pleno conocimiento de estos pagos hechos en la gerencia y en las UGEL Chiclayo y Lambayeque.

 

“Sí, sí hemos tenido conocimiento de estos pagos, hemos conversado con los dirigentes. El gobernador no tiene conocimiento. Los pagos se han estado haciendo con una resolución dejada por el anterior gobernador, pero no es que venga un nuevo gobernador y deba desconocer. Es un derecho ya ganado. Una resolución no puede ser evaluada por nuevas gestiones, son deudas sociales que se tienen con el trabajador”, señaló.

 

Cuando se le consultó si se habían apresurado en pagar estas deudas al quinto mes de iniciada la gestión, el funcionario fue hidalgo en reconocer este hecho.

 

“Tiene razón, saldos presupuestales se deben pagar a fin de año. Pero si veo que estoy evaluando que me va a sobrar voy pagando. La dificultad que hemos tenido es con cuatro representantes de sindicato que aún no les pagamos”, advirtió.

Ante estos cuestionamientos, el gerente de Educación dijo que ahora hará las consultas a la Alta Dirección para evitar suspicacias.

 

“Para mañana martes nos íbamos a reunir con los dirigentes de los trabajadores de los institutos, pero con todos estos problemas vamos a consultar con el gobernador regional para evitar malos entendidos. A veces uno por problemas de este tipo, los trabajadores resultan cuestionándonos”, aseguró.

 

Por último, el funcionario confirmó que hoy a primera hora tendrán una reunión con el gobernador regional, quien los citó para que expongan los motivos del apresuramiento en los pagos.

 

 

Ulises Díaz Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Centro Educativos (Sutace), dijo estar de acuerdo con el adelanto de estos pagos, a pesar de ser, en algunos casos, resoluciones administrativas y no judiciales.

 

“Existe a nivel de todas las UGEL resoluciones administrativas que reconocen el beneficio del reajuste por aplicación del Decreto 105-2001, lo cual es un gran avance a nivel nacional del reconocimiento administrativo de las deudas que tiene el Estado con sus trabajadores, sin tener que acudir a la vía judicial, ya que ello perjudica a nuestra alicaída economía familiar”, señaló.

 

“Creemos que los pagos que se efectúen más adelante deben continuar de la mano con el análisis técnico del presupuesto, para la determinación de saldos y que su distribución se realice de manera justa, igualitaria y equitativa.

 

Mientras más pronto se paguen las deudas mejor, ello demuestra tener capacidad de gasto”, argumentó.