Luego de la controversia que se generara por el anuncio de revocatoria que ciertos colectivos sociales pretenden emprender en contra del alcalde Marcos Gasco Arrobas, específicamente por la aprobación de la ordenanza que brinda el acceso a vehículos de carga pesada a algunos lugares de la ciudad; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), José Balcázar Zelada, se pronunció.

 

“No creo que proceda la revocatoria recién iniciado un gobierno municipal, sí que se esclarezca lo que se le imputa al alcalde (…).Sería un medida apresurada, porque habría que esperar más información adelante, para ver si existen causales para dicha medida. Las normas municipales establecen que la revocatoria de un burgomaestre procede siempre que existan cargos completos y graves que puedan dar margen a eso”, declaró el decano.

 

No obstante, el jurista coincidió en que la ordenanza que dota el acceso a unidades de alto tonelaje debe ser anulada, por representar un peligro para los chiclayanos. “En todo caso lo que creo que se podría pedir aquí es que se deje sin efecto esta ordenanza municipal, porque dado el desarrollo de la ciudad es un peligro que el transporte pesado ingrese a zonas de circulación peatonal”, refirió.

 

 

 

Por su parte, el asesor legal de los regidores de oposición de la comuna chiclayana, Germán Vásquez Merino, calificó de “prematuro” el intento de revocatoria contra el alcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas. El letrado señaló que la gestión recién empieza y va en su sexto mes, recalcando que a pesar de la indignación ciudadana que comparte, por los desaciertos del burgomaestre, consideró, “no es serio que se proponga esto”.

 

“El Artículo N° 21 de la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos dice que, la adquisición de kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades”, indicó el jurisconsulto.

 

Vásquez Merino añadió que, según esta misma norma, la solicitud de revocatoria procede una sola vez en el periodo del mandato, “y la consulta en sí se llevará a cabo el segundo domingo de junio del tercer año del mandato”.

 

 

Vásquez Merino resaltó que, a pesar de ser el abogado de los concejales de de minoría, no podía darle la espalda a la realidad y legalidad, la cual manda que aún no es tiempo de promover una revocatoria.

 

“Creo que la sociedad civil debió asesorarse antes. Lo que sí cabe es solicitar la vacancia y en paralelo otra denuncia, puntualmente por la aprobación de esta ordenanza”, sentenció.