Los regidores de la comuna chiclayana, esperan que la Contraloría General de la República actúe y se apliquen las sanciones en caso no se subsane la declaratoria de situación de desabastecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos.

 

En conferencia de prensa, los regidores Percy Espinoza Gonzales, Jony Piana Ramírez y Orlando Puell Varas indicaron las irregularidades que se cometieron para aprobar esta declaratoria y pidieron la suspensión o inhabilitación de los responsables, ya sea regidores, funcionarios y alcalde.

 

“Hicimos las observaciones en la sesión de concejo, estoy remitiendo un documento observando la aprobación y advirtiendo las consecuencias legales que generará, con copia al Órgano de Control Institucional”, acotó. Asimismo agregó que se tiene que establecer las sanciones que alcanzaría a la autoridad edil.

 

El regidor Jony Piana Ramírez indicó que en la sesión de concejo del 15 de marzo, la aprobación para la contratación de las 10 compactadoras se puso a votación faltando 10 minutos para que termine la sesión, es decir no hubo debate y el sustento no fue contundente para tomar decisiones.

 

Por su parte, el concejal Orlando Puell Varas señaló que no se ha informado el tipo de repuesto que necesita la maquinaria, costos y tiempo que demorará la reparación.

 

Ante esta situación, el alcalde Marcos Gasco Arrobas respondió que no dará marcha atrás en la decisión tomada por el concejo y que todos tienen el derecho de presentar documentación y reclamos, (refiriéndose a los regidores).

 

“No se anulará el acuerdo, que la Contraloría observe lo que tiene que observar, pero Chiclayo se tiene que limpiar, lo que no se ha hecho en décadas se hará en semanas”, acotó.

 

Los regidores indicaron que el único objetivo de levantar su voz de protesta, es evitar irregularidades, sin ser obstructores del proceso.

 

El OCI en el oficio remitido el 15 de marzo al alcalde, refiere que los hechos expuestos generan el riesgo de que la entidad realice una contratación directa al margen de la normativa de contrataciones, contraviniendo el principio de legalidad con que deben actuar las autoridades administrativas y la correcta administración pública.