A cuatro años de prisión suspendida en su ejecución fue condenado Víctor Antonio Becerril Rodríguez (hermano del congresista, Héctor Becerril) por haber aceptado pagar coimas al exalcalde de la provincia de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, en el caso ‘Los Corchines de la Corrupción’.

 

El fallo fue dado por la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez Rojas, luego de que el imputado se sometiera a la terminación anticipada previo al inicio de la audiencia de prisión preventiva por 36 meses por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho activo genérico.

 

Becerril reconoció que a finales del 2018 le entregó a Cornejo 25 mil dólares en efectivo (en dos partes) por tramitarle en la comuna de Chiclayo el cambio de uso de un terreno agrícola a zona urbana en el distrito de Pomalca denominado Canclón.

 

Asimismo, la Fiscalía también le endilgaba a Becerril haber participado en los acuerdos ilícitos entre Mirtha Gonzales Yep, investigada por este caso, y Cornejo para que la empresa de la citada mujer gane la buena pro para la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

 

Becerril, aceptó haber sido testigo de la entrega de dinero de Gonzales Yep al recluido exalcalde, sindicado como cabecilla de ‘Los Corchines’.

 

En este punto, la magistrada consideró aceptar la reducción de la condena a Becerril por haber confesado de forma voluntaria los hechos de corrupción. Asimismo, ordenó que pague 80 mil soles de reparación civil.

 

En este contexto, declaró infundado el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva al imputado por el delito de asociación ilícita para delinquir porque, por el momento, no existen elementos suficientes para implicarlo en dicha red criminal.

 

“Considero que se debe seguir investigando para que existan argumentos más sólidos, cómo cuál fue su rol o de qué manera se benefició el acusado como presunto miembro de esa organización criminal”, explicó.

 

Asimismo, refirió que Becerril cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral; y por haber reconocido el otro delito por el cual ya fue condenado, no puede determinar la existencia del peligro procesal en este caso. En ese sentido, se ordenó la liberación del inculpado, no sin antes pagar una caución de 10 mil soles.