Los cesan en los cargos y días después los vuelven a contratar.
Funcionarios municipales dejaron los cargos por unos días para pedir liquidación y luego fueron contratados.
El regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Gonzales, reveló que detrás de la destitución y posterior nombramiento de funcionarios en la gestión edil, podría tener un trasfondo económico que beneficie a un pequeño grupo de estos trabajadores de confianza.
Indicó que las recientes decisiones de la alcaldesa Janet Cubas son cuestionables y muy preocupantes, ya que "no estamos hablando de un cambio ordinario de funcionarios ni de una renovación de confianza que pueda pasar inadvertida. Estamos ante una secuencia de decisiones administrativas que merece una explicación clara: Primero se dispone el cese de determinados funcionarios; inmediatamente después, estos presentan solicitudes para el pago de sus beneficios sociales y, a los pocos días, son nuevamente designados en los mismos puestos", acotó.
Entonces surge la pregunta, dijo el concejal: ¿cuál fue la finalidad real de disponer estos ceses si, en cuestión de días, los mismos funcionarios regresarían a ocupar exactamente los mismos cargos?
Refirió que, si la decisión obedeció a una reorganización, a una evaluación de desempeño o a una necesidad institucional, corresponde que se explique. Pero añadió que, si el cese fue utilizado para generar el trámite y eventual pago de beneficios sociales, cuando ya se tenía prevista la nueva designación de los mismos funcionarios, estamos frente a una situación que requiere una revisión administrativa, laboral y presupuestal rigurosa.
"Quiero dejar en claro que no estoy cuestionando el derecho que pudiera corresponderle a cualquier funcionario conforme a ley, ni desconociendo las atribuciones de la alcaldía para designar y cesar funcionarios. Lo que estoy cuestionando es la razonabilidad, la finalidad y las consecuencias económicas de estas decisiones", acotó.
Recordó que la MPCH tiene obligaciones laborales pendientes con sus propios trabajadores y extrabajadores que vienen reclamando durante muchos años atrás y solo reciben como respuesta que no hay disponibilidad presupuestal o que esperen un cronograma de pagos de 500 u 800 soles.
se explique. Pero añadió que, si el cese fue utilizado para generar el trámite y eventual pago de beneficios sociales, cuando ya se tenía prevista la nueva designación de los mismos funcionarios, estamos frente a una situación que requiere una revisión administrativa, laboral y presupuestal rigurosa.
"Quiero dejar en claro que no estoy cuestionando el derecho que pudiera corresponderle a cualquier funcionario conforme a ley, ni desconociendo las atribuciones de la alcaldía para designar y cesar funcionarios. Lo que estoy cuestionando es la razonabilidad, la finalidad y las consecuencias económicas de estas decisiones", acotó.
Recordó que la MPCH tiene obligaciones laborales pendientes con sus propios trabajadores y extrabajadores que vienen reclamando durante muchos años atrás y solo reciben como respuesta que no hay disponibilidad presupuestal o que esperen un cronograma de pagos de 500 u 800 soles.
"La alcaldesa de Chiclayo debe darnos una mejor explicación, pues se usan los fondos municipales, los mismos que requieren ser bien empleados en favor de la población y no de unos cuantos." — Carlos Gonzales, Regidor
DEBE EXPLICACIONES
También agregó que corresponde a la autoridad edil esclarecer si hubo un cese real y efectivo, si se produjo la entrega de cargo, si se entregaron los bienes y documentos bajo responsabilidad de cada funcionario. "Si se dejaron rendiciones pendientes, encargos internos, fondos por rendir, operaciones financieras u otras obligaciones administrativas. Y, sobre todo, si esas actuaciones se realizaron en las fechas que realmente correspondían o si fueron regularizadas posteriormente", acotó el regidor municipal.
Gonzales recordó que la fiscalización no busca obstaculizar la gestión municipal, sino todo lo contrario, busca que las decisiones se adopten con transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos.