Investigan contrataciones en el gobierno regional
Se ha solicitado la documentación de cinco supuestos trabajadores y empresas contratistas.
El jefe de la Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República en Lambayeque, Juan Alberto Alberca Linares, envió un documento solicitando al Gobierno Regional de Lambayeque información documentada respecto a las contrataciones y posibles vínculos contractuales de cinco personas naturales y dos empresas durante los períodos 2025 y 2026.
La solicitud fue cursada mediante el oficio n.º 000675-2026-CG/OC5343, dirigido al gerente general regional, Virnel Bonifacio Serna Guerrero. La medida se enmarca en las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (Ley n.º 27785), que faculta a los órganos de control el acceso irrestricto a registros y documentación pública para acciones de fiscalización.
RELACIÓN DETALLADA DE CONTRATOS
Según el documento oficial, el órgano de control solicitó la relación detallada de contratos bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), órdenes de servicio, órdenes de compra u otras modalidades vinculadas a las siguientes personas naturales: Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia, Carmen Milagros Cadenillas Carhuallanqui, Fernando Arriola Ascorbe, Augusto Carhuallanqui Heredia, Joel Cadenillas Carhuallanqui.
Asimismo, la solicitud comprende las contrataciones de bienes o servicios efectuadas a favor de dos personas jurídicas: JCADENILLAS E.I.R.L. y Carhuallanqui Technology & Engineering E.I.R.L
COPIAS ÍNTEGRAS
De acuerdo al documento, la Contraloría demanda la entrega de copias íntegras de cada expediente de contratación, incluyendo requerimientos de áreas usuarias, términos de referencia o especificaciones técnicas, indagaciones de mercado, cotizaciones, certificaciones presupuestarias, órdenes de servicio o compra, conformidades de servicio, entregables y comprobantes de devengado, giro y pago.
De igual modo, se solicitó al GORE Lambayeque precisar formalmente si las referidas personas mantuvieron algún tipo de vínculo laboral o contractual con unidades ejecutoras, proyectos especiales u órganos dependientes de la sede regional durante los años 2025 y 2026.
PLAZO PERENTORIO
El Órgano de Control Institucional fijó un plazo máximo de cinco (5) días hábiles tras la recepción de la notificación para que la entidad regional entregue la documentación de forma individualizada y trazable en la sede del OCI en Chiclayo. En caso de no contar parcial o totalmente con el acervo documentario requerido, el Gobierno Regional deberá sustentar expresamente las razones de dicha circunstancia.
EVALUACIÓN
Se informó que por el momento se encuentran a la espera de que el Gobierno Regional envíe los documentos para que sean analizados por los expertos de la Contraloría General, y se determine si se registró o no alguna irregularidad.
Los representantes del OCI refirieron que el Gobierno Regional se encuentra dentro de los plazos otorgados, por lo que esperan que no sea el último día de plazo el empleado para remitir la documentación requerida.
Asimismo, se señala que, una vez realizadas todas las evaluaciones que se requieran, entonces se darán a conocer los resultados y al mismo tiempo se comunicará a los organismos respectivos a fin de que se adopten las medidas pertinentes, claro está, de acuerdo a la ley.
