Condenan a cinco extrabajadores del SATCH
El Ministerio Público, a través de informes contables y de la Contraloría, demostró los hechos.
Cinco extrabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo fueron condenados a ocho y cuatro años de pena privativa de la libertad como autores del delito de peculado doloso y apropiación agravada en agravio de dicha institución municipal.
La fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Jannina Saucedo Fernández, sustentó en juicio oral ante un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque la responsabilidad de los acusados, quienes se apropiaron de dinero proveniente de la cobranza en efectivo por concepto de merced conductiva de puestos de mercados de abastos de Chiclayo.
Los sentenciados son: Jennifer Leonor B. C., Marcela del Carmen Z. M., Malena Lissette A. F. y Sergio Pedro V.R., sentenciados a ocho años de pena privativa de libertad efectiva, además de inhabilitación. Asimismo, Angélica María S. J. fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, también con inhabilitación.
DELITOS FUERON ACREDITADOS
Durante el juicio se acreditó que los sentenciados, aprovechando sus funciones y mediante la manipulación del Software de Tributación Municipal (STM), omitieron registrar o registraron por montos menores diversas cobranzas y, en otros casos, dieron de baja cientos de recibos de ingresos, ocasionando que el dinero recaudado no fuera depositado en las cuentas del ex SATCH.
Los montos de reparación civil fijados son: Jennifer B. C. S/ 130,022.75; Marcela Z. M. S/ 83,967.80; Malena A. F. S/ 107,225.50; Sergio V. R. S/ 83,973.85; y Angélica S. J. S/ 9,161.20.
Los hechos y montos materia de condena fueron sustentados, entre otros elementos, en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, y en el correspondiente informe pericial contable
INTERVENCIÓN OPORTUNA
Se informó que el papel jugado por la Contraloría General de la República fue determinante para la acreditación de los hechos imputados, ya que lograron identificar a los responsables del ilícito, así como también el método empleado para apropiarse de manera ilícita de los dineros del SATCH.
Asimismo, comunicaron de manera oportuna sus hallazgos a los representantes de la entidad municipal, quienes a su vez corroboraron los hechos y, además, aportaron nuevas evidencias, las que fueron entregadas, junto a los informes de Contraloría, al Ministerio Público.
La Fiscalía inició las investigaciones y finalmente con pericias contables lograron corroborar todas las evidencias, por lo que presentaron su caso ante el Poder Judicial que al final de las diligencias dictó sentencia condenatoria.
