Imponen restricciones a gerente de Beneficencia
Juzgado de Familia restringe contacto con una menor de 13 años por presunta violencia física y psicológica.
Una resolución emitida por el Décimo Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha puesto bajo la lupa al actual gerente de Administración de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, Luthy del Perú Custodio Hernández, luego de que se dictaran medidas de protección a favor de una adolescente de 13 años, quien lo acusa de haber ejercido presunta violencia física y psicológica en su contra.
El caso, tramitado en el expediente judicial N.° 07924-2026, corresponde a un proceso por violencia familiar y se origina tras la denuncia presentada por la madre de la menor el pasado 23 de febrero de 2026. Según el expediente, los hechos ocurrieron en el interior del inmueble donde ambos núcleos familiares residen.
De acuerdo con la denuncia, la adolescente descendió del tercer piso, donde vive junto a su madre, hacia el primer nivel después de mantener una discusión con ella. En ese momento, su tío materno, identificado como Luthy del Perú Custodio Hernández, le habría llamado la atención. La menor respondió y, según la versión recogida en la denuncia, ello provocó la reacción del denunciado, quien presuntamente tomó un recogedor y comenzó a perseguirla desde el primer hasta el tercer piso con la finalidad de agredirla.
Siempre según el relato incorporado al proceso judicial, el hombre logró alcanzarla y la sujetó violentamente de distintas partes del cuerpo. Durante el forcejeo, el recogedor se rompió y una de sus partes habría terminado incrustada en la piel de la adolescente.
La denuncia también sostiene que la menor recibió cachetadas, jalones de cabello e insultos de grueso calibre, además de expresiones que hacían referencia al abandono de su padre, palabras que habrían afectado seriamente su estabilidad emocional.
La madre de la víctima también manifestó que los actos de rechazo y restricciones hacia su hija no serían recientes. Señaló que desde que la niña tenía tres años existían episodios de hostilidad y que, tras la agresión denunciada, los insultos y expresiones denigrantes se habrían vuelto constantes.
Al evaluar el caso, el juzgado consideró diversos elementos para disponer las medidas de protección. Asimismo, la resolución señala que la intensidad de la presunta agresión y el contenido de las expresiones atribuidas al denunciado colocan a la menor en una condición de especial vulnerabilidad y en un riesgo inminente para su integridad física y psicológica.
