Aprobaron licitación ignorando graves omisiones del postor
Comuna de Jayanca dio buena pro a consorcio que entregó certificados sanitarios que no aplican al producto.
pone en entredicho la gestión de los programas sociales en la región Lambayeque ha sido puesto al descubierto por la Contraloría General de la República. En esta oportunidad, la mira al control gubernamental se posaron sobre la Municipalidad Distrital de Jayanca, donde se hallaron serias irregularidades en la Adjudicación Simplificada N° 003-2025-MDJ/CS1, proceso destinado a la adquisición de insumos alimenticios para los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche (PVL) correspondiente al periodo 2025.
De acuerdo con el informe N°. 10618-2026-CG/GRLA-AOP, elaborado por la Gerencia Regional de Control y notificado oficialmente al alcalde Hermes Carrillo en julio de 2026, el comité de selección benefició a un postor que no cumplía con los requisitos sanitarios exigidos por la ley ni por las propias bases de la licitación, vulnerando los principios de legalidad y correcto funcionamiento de la administración pública.
El proceso licitatorio tenía como objetivo la compra del Ítem I: “Mezcla de hojuelas precocidas de kiwicha, tostada, harinas de maíz blanco, chufla, soya tostada y sémola de quinua enriquecida con vitaminas y minerales”, por un valor referencial total de S/ 226 250.00.
En abril de 2025, el comité de selección —integrado por Deysi Lorena Díaz Bernal, Ana Dorothy Guevara Becerra y Carlos Alberto Zapata Sandoval— otorgó la buena pro de dicho ítem al “Consorcio Chuzal” (conformado por las empresas El Grano Ideal del Perú E.I.R.L. y Grupo Ceregral CP E.I.R.L.) por el monto de S/ 146 610.00.
Sin embargo, al revisar la propuesta técnica del consorcio ganador, la auditoría del órgano de control reveló que la documentación sanitaria presentada presentaba incoherencias sustanciales.
En primer lugar, para acreditar la validación del Plan HACCP —requisito obligatorio exigido por DIGESA para garantizar la inocuidad del alimento—, el consorcio presentó una resolución directoral que correspondía a una línea de mezcla de otros productos, más no al insumo alimenticio objeto del contrato. Tras las consultas oficiales realizadas por la Contraloría, la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) confirmó mediante oficio que la certificación entregada por la empresa “no incluía el producto solicitado en la licitación”.
Las anomalías no terminaron ahí. Las bases del proceso establecían expresamente que el postor debía presentar un Certificado Oficial de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura y un Certificado de Inspección Higiénico Sanitaria de Almacén. Dichos documentos debían ser emitidos por un organismo acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad y contemplar de forma obligatoria el Decreto Supremo N° 0042014SA entre sus marcos normativos de evaluación.
Al cotejar los certificados presentados por el Consorcio Chuzal, emitidos por la certificadora Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., la Contraloría advirtió dos fallas: los exámenes de inspección se habían realizado sobre un producto completamente distinto (hojuelas con arroz, chochoca y girasol) y, además, no se incluyó la normativa D.S. N° 004-2014-SA exigida.
NO CUMPLIERON REQUISITOS
La confirmación vino directamente del propio INACAL, que informó formalmente a los auditores que la empresa certificadora no contaba con dicho decreto dentro de su alcance de acreditación.
A pesar de estas evidentes omisiones documentales y sanitarias, el comité de selección calificó la propuesta como “cumple” y procedió a la admisión y entrega de la buena pro, ignorando los filtros mínimos para asegurar la calidad de la comida destinada a niños y madres lactantes del distrito.
Frente a estos hallazgos que comprometen la idoneidad del proceso, el gerente regional de Control de Lambayeque, Miguel Estrella Gil, ha requerido al municipio la adopción de medidas inmediatas para superar las irregularidades y disponer el deslinde de responsabilidades administrativas correspondientes. La entidad cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción.
