El Programa Nacional de Centros Juveniles inicia plan integral de deshacinamiento y seguridad.
Cada mes, un promedio de 150 adolescentes ingresan a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR); el 70 % enfrenta problemas de sobrepoblación, y el 51 % de la población interna es mayor de edad. Para enfrentar este escenario crítico, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha diseñado y acaba de iniciar la implementación de su Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad.
Las cifras reflejan una radiografía del problema que urge atender, como lo confirma el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. De enero a mayo, registró que más de 10 mil infracciones a la ley penal son cometidas por menores de edad, concentrándose principalmente en Lima con 23,9 %, Lambayeque con 7,8 % y La Libertad con 5,5 %. Los adolescentes de 15 y 16 años son quienes registran la mayor incidencia. La crisis alcanzó uno de sus puntos más críticos en el CJDR Trujillo, declarado recientemente en emergencia por el PRONACEJ tras registrar un nivel de hacinamiento superior al 147 %.
Frente a esta situación, el plan de PRONACEJ contempla acciones inmediatas, viables y medibles a implementarse en los próximos 180 días, lideradas por el director ejecutivo Luis Vega.
El funcionario detalló las principales medidas que se ejecutarán en beneficio de la población interna a nivel nacional: “promoveremos la variación de la medida socioeducativa para los 300 casos de adolescentes que cumplen con los requisitos para acceder a libertad o semilibertad; redistribuiremos a 300 jóvenes de alto riesgo del norte del país a centros juveniles de alta seguridad como es el de Lima para que reciban un tratamiento intensivo e individualizado; habilitaremos siete nuevos ambientes con capacidad para 230 adolescentes en Lima y Pucallpa; y fortaleceremos las condiciones de seguridad con más agentes y la instalación de nuevas cámaras y concertinas.
Ante una población juvenil en aumento, centros sobrepoblados y una criminalidad cada vez más compleja, PRONACEJ está convencido de que ha llegado el momento de adoptar medidas que realmente protejan a los adolescentes con mayores posibilidades de rehabilitación y garantizar condiciones más seguras para su reinserción social.
Sin embargo, no todo se trata de operatividad, el marco legal juega un papel preponderante si realmente queremos devolver a la sociedad a ciudadanos de bien. Actualmente, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente dicta que los jóvenes que infringen la ley hasta antes de su mayoría de edad pueden y deben permanecer en un centro reclusorio de menores hasta por diez años, como son los casos de sicariato, extorsión y homicidio.
Pero esta crisis no es exclusiva del Perú. El Gobierno chileno anunció la discusión inmediata de un proyecto de ley que contempla el traslado de adolescentes que alcanzan la mayoría de edad a establecimientos penitenciarios para adultos, como parte del accionar para fortalecer el sistema penal juvenil.
Esta realidad abre un debate sensible, pero necesario: ¿Deben los jóvenes adultos de alta peligrosidad seguir conviviendo con adolescentes que aún tienen posibilidades reales de rehabilitación?
