Wilson Míñope denuncia falta de acción ante presuntas anomalías en la Gerencia de Transportes..
El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte de Lambayeque, Wilson Míñope Carbajal, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público al cuestionar la falta de resultados en las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El dirigente sostuvo que, durante los dos últimos años, las denuncias presentadas por gremios y transportistas no han tenido el impulso esperado y, en muchos casos, terminan archivadas sin que se establezcan responsabilidades.
Según Míñope, existe una marcada diferencia entre la actuación que, asegura, mantenía la Fiscalía en años anteriores y la que observa actualmente. “Antes, ante cualquier denuncia por un presunto hecho irregular, las investigaciones se iniciaban de inmediato. Hoy no vemos esa misma reacción. Hay denuncias, pero no existe una acción firme de la Fiscalía”, manifestó.
El representante del sector transporte afirmó que esta situación genera preocupación porque, a su juicio, permite que continúen las presuntas irregularidades dentro de la administración municipal, sin que exista una respuesta contundente de las autoridades encargadas de investigar.
Míñope recordó que en los últimos años se han presentado diversas denuncias relacionadas con la Gerencia de Transportes, las cuales —según indicó— fueron formuladas tanto por organizaciones de transportistas como por ciudadanos afectados. Sin embargo, cuestionó que muchas de estas investigaciones no prosperen o permanezcan sin avances visibles.
“Lo que preocupa es que los procesos se archivan o simplemente no llegan a formular una denuncia fiscal. Eso deja un mensaje equivocado y genera desconfianza entre los transportistas”, expresó.
El dirigente sostuvo que la falta de acciones oportunas también alimenta las versiones que circulan entre la población sobre un posible favorecimiento hacia determinados funcionarios o grupos vinculados al sector transporte.
No obstante, aclaró que corresponde a la propia Fiscalía investigar cualquier indicio que pueda existir.
Asimismo, advirtió que la ausencia de un control efectivo estaría permitiendo que continúen emitiéndose actos administrativos que, desde su punto de vista, contravienen resoluciones judiciales y procedimientos establecidos por la ley.
Como ejemplo, mencionó la existencia de procesos relacionados con autorizaciones de rutas de transporte que, según afirmó, habrían sido otorgadas pese a existir resoluciones judiciales que disponían lo contrario.
En ese contexto, cuestionó que no se hayan iniciado investigaciones para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
