Hallan obreros expuestos a riesgos en obra de Olmos
Trabajadores laboraban sin equipos de seguridad y obra avanzaba sin residente ni supervisor técnico.
El Informe de Orientación de Oficio N°. 017-2026-OCI/2137-SOO reveló serias deficiencias en materia de seguridad laboral y control técnico que podrían poner en riesgo tanto la integridad de los trabajadores como el cumplimiento de los objetivos de la inversión pública.
La intervención de la Contraloría se realizó en la obra denominada “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle San Francisco, cuadra 1 de la ciudad de Olmos”, donde los auditores identificaron dos situaciones adversas consideradas de alto impacto. La primera observación está relacionada con el personal obrero que venía realizando labores sin utilizar equipos de protección individual.
Durante la visita de control efectuada el 12 de junio de 2026, la comisión verificó que trabajadores ejecutaban diversas actividades sin los implementos mínimos de seguridad exigidos por la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ausencia de cascos, chalecos reflectivos, guantes, lentes de protección y otros equipos especializados expuso a los obreros a potenciales accidentes laborales, incrementando significativamente el riesgo de lesiones graves e incluso consecuencias fatales.
Para la Contraloría, esta situación evidencia el incumplimiento de las obligaciones establecidas para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de trabajos de construcción.
Según el informe, la falta de medidas preventivas no solo compromete la integridad física del personal, sino que también podría generar responsabilidades administrativas para los funcionarios encargados de la conducción de la obra.
Sin embargo, el hallazgo más delicado está relacionado con la ausencia del personal técnico clave que debía supervisar permanentemente los trabajos. La comisión de control constató que la municipalidad ejecutaba la obra sin la presencia del residente de obra ni del supervisor de obra, profesionales indispensables para dirigir, controlar y garantizar la correcta ejecución del proyecto.
De acuerdo con la normativa vigente, toda obra pública ejecutada bajo la modalidad de administración directa debe contar obligatoriamente con estos profesionales especializados. Su función es supervisar los aspectos técnicos, económicos y administrativos, además de asegurar que los trabajos se desarrollen conforme al expediente técnico aprobado.
La Contraloría advirtió que la falta de estos profesionales debilita severamente los mecanismos de control interno y podría afectar la calidad de los trabajos ejecutados.
Asimismo, genera el riesgo de que se produzcan errores constructivos, incumplimientos contractuales, retrasos y posibles perjuicios económicos para la entidad. El informe señala además que los términos de referencia para la contratación tanto del residente como del supervisor contemplaban expresamente la obligación de hacer cumplir las normas de seguridad en obra.
Incluso se establecían penalidades económicas por incumplir las disposiciones relacionadas con la protección de los trabajadores. Pese a ello, durante la inspección se verificó la inexistencia de dichas condiciones.
