Denuncia señala que sancionó a un trabajador cuando ya había sido retirada de Recursos Humanos.
La Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Chiclayo abrió una investigación preliminar por presunta comisión del delito de usurpación de funciones contra la jefa de Recursos Humanos de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque, Lilian Roxana Díaz Silva, luego de que un trabajador denunciara que la funcionaria habría continuado ejerciendo el cargo pese a haber sido retirada mediante resolución oficial.
La carpeta fiscal N.° 240607450320263171 recoge la denuncia presentada por Abraham Burga Ghersi, quien sostiene que la investigada fue cesada de sus funciones el 28 de abril de 2026 mediante una Resolución de Presidencia Ejecutiva de EsSalud. Sin embargo, según la denuncia, la exfuncionaria continuó desempeñando labores propias de la jefatura de Recursos Humanos sin contar con un nuevo nombramiento o resolución que la habilitara legalmente.
De acuerdo con los hechos expuestos ante el Ministerio Público, Díaz Silva habría sido notificada de su cese el 4 de mayo. Pese a ello, continuó emitiendo resoluciones, notas administrativas y otros actos propios del cargo, sustentándose únicamente en un proveído interno que, según el denunciante, no tenía la capacidad legal de restituirla en la función.
Uno de los aspectos más delicados del caso es que la investigada habría impuesto una sanción administrativa contra el propio denunciante cuando, según la tesis fiscal, ya no ejercía legalmente la jefatura de Recursos Humanos.
El documento cuestionado habría sido emitido durante el período en que la funcionaria se encontraba fuera del cargo, situación que ahora es materia de investigación penal.
La denuncia también señala que, recién una semana después del cese, la funcionaria habría sido reincorporada al puesto, circunstancia que no impediría la investigación de los actos realizados durante el tiempo en que, presuntamente, carecía de facultades para ejercer la función pública.
El Ministerio Público considera que estos hechos podrían encuadrarse en el delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 361 del Código Penal, que sanciona a quien, estando cesado o destituido, continúa ejerciendo un cargo público sin el correspondiente título o nombramiento.
Como parte de la investigación preliminar, el fiscal dispuso un plazo de 120 días para realizar diversas diligencias, entre ellas la declaración del denunciante y el requerimiento de documentación a EsSalud para determinar quién ocupaba oficialmente la Jefatura entre el 28 de abril y la fecha en que se habría producido la reposición.
