Informe destapa millonario perjuicio en Beneficencia
Contraloría revela presuntos malos manejos con daño económico y omisiones graves.
Un escenario de presunta corrupción y desgobierno administrativo ha quedado al descubierto tras la publicación del Informe de Control Específico N° 003-2026-CG.
La Contraloría General de la República ha detectado una serie de irregularidades en la Sociedad de Beneficencia Pública, señalando directamente a exfuncionarios y personal administrativo por gestiones que habrían causado un perjuicio económico significativo al patrimonio destinado a fines sociales.
El informe de control se centra principalmente en la administración de los activos inmobiliarios de la institución.
Según el documento, la Beneficencia habría permitido la ocupación de locales comerciales y predios urbanos sin la existencia de contratos vigentes o, en casos más graves, bajo condiciones de arrendamiento extremadamente inferiores al valor del mercado local.
Se detectó que al menos diez inmuebles de alta plusvalía en el centro de la ciudad fueron alquilados a terceros mediante adjudicaciones directas, obviando el proceso de subasta pública que exige la normativa vigente para entidades de este tipo.
La auditoría reveló una omisión sistemática en el cobro de penalidades y moras acumuladas por inquilinos estratégicos.
Esta falta de gestión administrativa permitió que la deuda de terceros ascendiera a montos que superan los cientos de miles de soles, sin que la oficina de asesoría jurídica iniciara los procesos de desalojo correspondientes.
Otro punto crítico del informe 0032026 es el manejo de los fondos destinados al personal. La Contraloría halló que entre los años 2024 y 2025 se aprobaron bonificaciones extraordinarias y aumentos de remuneraciones para cargos de confianza que no contaban con el respaldo presupuestal ni la autorización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente rector de las sociedades de beneficencia.
Se identificaron desembolsos bajo conceptos de “incentivos por productividad” entregados a funcionarios que no cumplieron con las metas institucionales.
El informe detalla la contratación de locadores de servicios para áreas técnicas que no acreditaban la formación profesional mínima requerida, vulnerando los lineamientos de meritocracia en la administración pública.
La fiscalización también alcanzó la gestión de los cementerios bajo administración de la Beneficencia. El informe señala presuntas irregularidades en la adquisición de materiales de construcción y servicios de mantenimiento para los pabellones de nichos.
Se hallaron facturas canceladas por servicios de “impermeabilización de techos” y “pintado general” de pabellones que, tras la inspección física de los peritos de la Contraloría, no mostraban evidencia de intervención reciente.
La comparación de precios reveló que la institución adquirió materiales con un sobrecosto del 30 % respecto al valor comercial en ferreterías locales, lo que sugiere una colusión entre proveedores y el Área de Logística.
La Contraloría ha identificado responsabilidad administrativa, civil y penal en un grupo de ocho exfuncionarios, incluyendo a exgerentes generales y jefes de las áreas de Administración y Tesorería.
