Investigan millonario robo en comuna de Mórrope
Exjefes son investigados por presunto peculado y desvío de fondos municipales.
La Municipalidad Distrital de Mórrope vuelve a quedar en el centro de un escándalo judicial tras la formalización de una investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción que habrían provocado un grave perjuicio económico al Estado.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque abrió proceso contra un grupo de exfuncionarios acusados de integrar una presunta red dedicada al desvío sistemático de recursos públicos mediante operaciones fraudulentas ejecutadas desde áreas estratégicas de la comuna.
El caso se tramita bajo el expediente N.° 01521202601706JRPE10 y está relacionado con presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación. Entre los principales investigados figuran Ángel Dino Silva Castillo, exgerente de Administración; Robert Barturén Espinoza, exjefe de la Oficina de Administración y Finanzas; y Esterel Castro Guevara, exgerente de Planeamiento y Presupuesto. Todos son sindicados como presuntos responsables de facilitar la salida irregular de dinero municipal.
Según la tesis fiscal, uno de los mecanismos utilizados habría sido la simulación de servicios y adquisiciones. Los imputados habrían creado expedientes falsos para justificar supuestas contrataciones de consultorías, mantenimiento de maquinaria pesada y compra de insumos. Sin embargo, las diligencias preliminares revelaron que muchos de estos servicios nunca fueron ejecutados y que los productos jamás ingresaron a los almacenes municipales.
La Fiscalía sostiene además, que los exfuncionarios habrían manipulado el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizando accesos y autorizaciones electrónicas para aprobar transferencias hacia cuentas bancarias de terceros sin vínculo real con la municipalidad.
Otro de los puntos graves señalados por el Ministerio Público es el presunto uso de proveedores fachada. Según la hipótesis fiscal, se habrían utilizado facturas y documentación de empresas o personas sin actividad real para aparentar legalidad en los desembolsos económicos realizados desde la comuna.
La investigación también detalla que los funcionarios habrían omitido deliberadamente los controles internos para verificar la correcta ejecución de los servicios contratados. Entre las irregularidades detectadas figuran actas de conformidad firmadas sin evidencia física de trabajos realizados y autorizaciones de pago emitidas pese a la inexistencia de bienes o servicios comprobados.
