Dirigente advierte presunto manejo político en Transporte y duda de la contienda entre ambos.
La duda del dirigente de los transportistas vuelve a poner bajo sospecha la aparente confrontación política en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Para Wilson Míñope Carvajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transportes de Chiclayo, la supuesta disputa entre el primer regidor Jorge Arévalo Chilón y la alcaldesa Janet Cubas no sería más que una “puesta en escena” que escondería presuntos intereses en la Gerencia de Transporte. Según el dirigente, existirían indicios que hacen pensar que esta confrontación pública sería solo de apariencia, mientras por detrás se estaría tejiendo un presunto manejo político del área clave encargada del control del transporte urbano. Carvajal sostiene que habría una supuesta injerencia del regidor en dicha gerencia, lo que según su versión podría estar facilitando decisiones irregulares y direccionamientos en determinados servicios.
“Creemos que, pese a que el regidor es de oposición, existiría una presunta cercanía con la alcaldesa que le permitiría tener algún tipo de influencia en el área de transporte.
Es de conocimiento público la relación política de algunos funcionarios y el vínculo que tendrían con el concejal”, señaló. Las sospechas se intensifican al referirse a las reuniones que el regidor habría sostenido con transportistas informales. De acuerdo con Carvajal, en un acta suscrita el 27 de marzo en sesión de consejo se habría dejado constancia de estos encuentros, lo que —según su interpretación— abre cuestionamientos sobre una posible tolerancia o favorecimiento hacia la informalidad.
El dirigente también afirmó que, en sesiones de concejo, se habrían expuesto presuntos actos de corrupción dentro de la Gerencia de Transporte, incluso mencionándose la necesidad de remover a varios trabajadores. Estas versiones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, refuerzan la percepción de un clima de desconfianza dentro de la comuna.
Otro punto que genera preocupación en el gremio es la presunta ejecución de operativos selectivos. Según Carvajal, existirían indicios de que algunas empresas formales estarían siendo intervenidas de manera reiterada, con decomisos de unidades, mientras que sectores informales no serían fiscalizados con la misma rigurosidad. Esta situación, en su opinión, podría evidenciar un posible trato diferenciado.
“No estamos en contra de los operativos ni de que se dialogue con todos los sectores, pero sí nos resulta extraño cómo se están desarrollando estas intervenciones. Desde nuestra perspectiva, podría haber un trasfondo político y hasta el pago de favores”, manifestó.
