Detectan perjuicio económico en obra del Proyecto Olmos
Informe advierte retrasos, pagos fuera de plazo y decisiones que pondrían en peligro los recursos públicos.
Serias deficiencias administrativas y posibles riesgos de perjuicio económico para el Estado han quedado al descubierto en la ejecución y supervisión de una obra vinculada al sistema hidráulico del Proyecto Especial Olmos - Tinajones. Las observaciones están contenidas en el Informe de Auditoría Nº. 001-2026-2-0610-AC, elaborado por la Contraloría General de la República, documento que pone en evidencia fallas en el manejo de plazos, pagos y decisiones técnicas dentro del proyecto denominado “Reparación del dique lateral izquierdo en los sectores Cerro Blanco, La Ramada, San Carlos y bocatoma Racarrumi”, en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo.
El informe advierte que la entidad responsable del proyecto no cuenta con mecanismos adecuados para el control de plazos ni seguimiento de las valorizaciones relacionadas con la ejecución de la obra y el servicio de consultoría para su supervisión. Esta situación genera un escenario de riesgo que podría derivar en el reconocimiento de intereses legales a favor de los contratistas, lo que eventualmente implicaría un perjuicio económico para los recursos del Estado.
La auditoría también revela inconsistencias en las bases integradas del proceso de contratación, donde se identificaron disposiciones contradictorias respecto al procedimiento para la entrega de adelantos destinados a la compra de materiales e insumos.
Para la Contraloría, esta falta de claridad normativa compromete la seguridad jurídica del proceso y limita la capacidad de la entidad para verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de dichos adelantos.
Uno de los aspectos más cuestionados por el órgano de control está relacionado con la decisión de autorizar el adelanto directo y permitir el inicio de la ejecución de la obra el 29 de diciembre de 2023, pese a que la estacionalidad climática impedía realizar trabajos dentro del cauce del río Chancay. Debido a estas condiciones, los trabajos tuvieron que ser suspendidos por más de cinco meses, seis días, después de haberse iniciado.
Para la Contraloría, esta situación afectó la correcta gestión, administración y control de los recursos financieros públicos, ya que el inicio de la obra se autorizó sin considerar plenamente las condiciones que impedían su ejecución inmediata.
El informe también de-tecta retrasos significativos en el trámite de pagos rela-cionados con la supervisión de la obra. De acuerdo con la documentación revisada, mediante las cartas N.º 0134-2024-LAO-D/H&H-C y N.º 133-2024-LAO-D/H&H-C, am-bas fechadas el 30 de octubre de 2024, la empresa encargada de la supervisión solicitó el pago de la valorización Nº. 8 correspondiente a mayores servicios prestados durante ese mes.
Sin embargo, la conformidad por parte del área usuaria recién fue emitida mediante el oficio N.º 001603-2024 del 10 de diciembre de 2024, superando el plazo máximo establecido para este tipo de procedimientos. Posteriormente, la certificación presupuestal fue emitida recién el 12 de marzo de 2025, lo que evidencia una cadena de retrasos administrativos.
En total, el pago se realizó 97 días después del plazo máximo permitido, situación que —según advierte la Contraloría— podría dar lugar al reconocimiento de intereses legales a favor del contratista, incrementando el riesgo de afectación económica para la entidad.
