Retrasos y sanciones omitidas sacuden Túcume
Obra arqueológica presenta retrasos no sancionados, y falta de control permite pérdidas al Estado.
Una nueva alerta sacude la gestión de obras públicas en Lambayeque. La Contraloría General de la República emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N°. 205-2026-CG/GRLA-AOP, en el que detecta presuntas irregularidades en la aplicación de penalidades por retraso en la ejecución de una obra a cargo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp.
El proyecto cuestionado corresponde al mejoramiento de las condiciones para la visita del público en la huaca Los Gavilanes, cementerio Los Gavilanes, huaca Las Abejas y huaca Facho, ubicadas en el sector suroeste del Complejo Arqueológico de Túcume. Sin embargo, lo que debía fortalecer el circuito turístico terminó bajo la lupa por fallas en el control contractual.
Según el informe, la entidad habría calculado la penalidad por mora sin considerar el total de días de retraso injustificado en que incurrió el contratista, contraviniendo la normativa vigente.
Esta omisión generó la inaplicación de una penalidad ascendente a S/ 29 784.15, monto que no fue exigido pese al incumplimiento de plazos.
La situación se agrava al revelarse que la supervisión consignó en el cuaderno de obra que los trabajos estaban culminados al 100 %, lo que permitió conformar el comité de recepción.
No obstante, durante la verificación realizada el 12 de enero de 2024 por el equipo contralor, se detectó que aún faltaba ejecutar un mínimo de metraje en partidas de pavimento con afirmado, de acuerdo con el expediente técnico.
Es decir, la obra no estaba concluida cuando se declaró su finalización. Las observaciones fueron formalizadas y el contratista procedió a subsanarlas entre el 13 y el 18 de enero de 2024. Recién el 26 de enero se firmó el acta de recepción, tras verificarse el levantamiento de las deficiencias.
Para la Contraloría, el plazo empleado en completar esos trabajos pendientes constituye un retraso adicional que debió generar una penalidad de seis días calendario, equivalente a S/ 10 235.32. Sin embargo, dicha sanción no fue aplicada en la liquidación final.
El informe advierte que la omisión en la correcta aplicación de penalidades no solo vulnera la normativa de contrataciones, sino que afecta los intereses del Estado al dejar de cobrar montos que corresponden por incumplimientos contractuales.
Este caso vuelve a poner en debate la eficacia de los mecanismos de supervisión y control en obras vinculadas al patrimonio cultural, especialmente en un contexto donde cada sol invertido debe garantizar transparencia y cumplimiento estricto de plazos.
