Un nuevo escándalo golpea a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La Contraloría General de la República ha puesto en la mira a los regidores tras detectar un presunto aumento irregular de sus dietas, medida que habría vulnerado normas expresas del presupuesto público y generado una afectación económica a la comuna.
Ante esta situación, el órgano de control solicitó formalmente a la alcaldesa Janet Cubas un informe documentado que detalle las acciones adoptadas frente a estos pagos, los cuales, pese a haber sido dejados sin efecto, no habrían sido devueltos hasta la fecha.
El abogado penalista Germán Vázquez Merino sostuvo que la Contraloría es la entidad competente para determinar la magnitud de la presunta irregularidad y establecer responsabilidades. Según explicó, el caso no solo involucra la devolución de los montos percibidos, sino que podría derivar en acciones penales contra los regidores que aprobaron el incremento y contra los funcionarios municipales que avalaron su ejecución.
“Estamos ante una decisión que habría ignorado advertencias técnicas y legales”, afirmó.
Vásquez merino sostuvo que, de acuerdo con los antecedentes, el Concejo Municipal aprobó en abril de 2025 un acuerdo mediante el cual se fijó el monto de las dietas de los regidores en S/ 3978. Para sustentar esta decisión, se emitieron informes internos que interpretaron la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, esta postura fue claramente cuestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que respondió a una consulta formulada por la propia municipalidad precisando que la Ley N°. 32185 prohíbe de manera expresa cualquier incremento de dietas, bonificaciones o beneficios económicos sin autorización del Gobierno Central.
Dijo que el informe del MEF fue categórico al señalar que ningún reajuste, nivelación o creación de beneficios puede ejecutarse si no existe una norma de igual rango que lo permita.
Pese a ello, el aumento fue aplicado y los pagos se realizaron durante varios meses, generando un impacto directo en el presupuesto municipal. Para el penalista, este hecho evidencia una conducta reiterada y consciente. “El ministerio fue claro, varias gerencias también advirtieron que no procedía, y aun así se aprobó y se cobró”.
Indicó que recién después de la polémica pública y del inicio de las acciones de control, la municipalidad comenzó a adoptar medidas correctivas.
No obstante, la falta de devolución inmediata del dinero mantiene abierta la controversia y refuerza las sospechas de un manejo irregular de los recursos públicos.
