La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la investigación contra extrabajadores de la Municipalidad Distrital de Zaña por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado peruano. La pesquisa recae sobre Ammi Araceli Arellano Flores, exjefa de la Unidad de Logística; Américo Mera Mendoza y otros funcionarios que resulten responsables, quienes habrían favorecido irregularmente al Consorcio Zaña 2019 en la adjudicación de contratos municipales.
Según la carpeta fiscal N° 148-2020, Arellano Flores habría interferido indebidamente en la perfección del contrato 03-2019-MDZ/DGA del 9 de octubre de 2019, a pesar de que la adjudicación correspondía a dos postores con orden de prelación: primero la constructora Kapricornio y luego el Consorcio Tecnológico.
La investigación indica que la funcionaria permitió que el consorcio favorecido obtenga la buena pro a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos y de experiencia establecidos en las bases del concurso.El expediente detalla que la empresa Kapricornio presentó la documentación requerida y subsanó las observaciones formuladas por la unidad de logística, acreditando experiencia laboral y capacidad técnica para ejecutar la obra de “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Tumbes Norte c.01,distrito de Chiclayo”, superando los criterios exigidos. Por el contrario, el Consorcio Susaña solo presentó cartas de compromiso de alquiler de maquinaria y documentación parcial de su personal técnico, incumpliendo las bases del concurso y perdiendo automáticamente la posibilidad de adjudicación, según los informes 001-2019 y 03-2025.
El fiscal a cargo sostiene que las acciones de Arellano Flores y los demás implicados podrían constituir negociación incompatible, favoreciendo de manera irregular a un contratista en perjuicio del Estado y contrariando o dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, el proceder denunciado refleja un incumplimiento de las funciones que Arellano Flores debía cumplir según el Manual de Organización y Funciones de la municipalidad.
El caso evidencia presuntas prácticas de corrupción que no solo afectan la transparencia de los procesos de contratación, sino también la correcta ejecución de obras públicas que deberían beneficiar a la ciudadanía. La Fiscalía continuará recabando pruebas para determinar responsabilidades penales, mientras la sociedad exige sanción y medidas contundentes contra funcionarios que habrían desnaturalizado los procedimientos administrativos en favor de intereses particulares.
