Presuntos direccionamientos en compras en la MPCH
Regidor Carlos Gonzales advierte posibles anomalías, sobrecostos y proveedores con sospechas de corrupción.
La gestión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, vuelve a quedar bajo severos cuestionamientos ante nuevas denuncias de presuntas irregularidades en las contrataciones públicas, las cuales según advierte el regidor provincial Carlos Gonzales García no serían hechos aislados, sino prácticas reiterativas que se vienen repitiendo, sin que hasta el momento se adopten medidas concretas para frenarlas.
El concejal alertó que entre los meses de agosto y diciembre de 2025 se habrían registrado presuntos direccionamientos de proveedores, sobrevaloraciones de precios y fraccionamiento de compras en la adquisición de bienes y servicios por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Este mecanismo, según explicó, permitiría evadir procesos de selección más rigurosos, debilitando los controles y abriendo la puerta a posibles actos de corrupción.
Ante estos indicios, Gonzales solicitó formalmente al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo la ejecución de una acción de control específica a las contrataciones realizadas por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
Sin embargo, cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no se evidencian respuestas firmes nisanciones, lo que estaría generando un clima de impunidad.
Uno de los casos más llamativos corresponde al servicio de impresión de material promocional para la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia.
En este proceso, se pretendía adquirir 2000 agendas por montos que oscilaban entre 37 mil y 42 mil soles pese a que las cotizaciones de mercado arrojaban precios casi a la mitad. Tras rechazar propuestas más económicas, finalmente se emitió una orden de servicio por 19 mil soles a favor de una proveedora con razón fiscal en Pacasmayo, región La Libertad, la misma que anteriormente habría estado vinculada a servicios cuestionados en otra municipalidad.
El regidor también denunció la adquisición de mobiliario de oficina por un monto de 13 290 dólares a una empresa con domicilio fiscal en San Martín de Porres, Lima, pese a que, semanas antes, la comuna había adquirido muebles similares a precios considerablemente menores. A ello se suma la observación de correos de validación de ofertas que advertían que las propuestas superaban el valor referencial y el marco presupuestal, situación que no habría im-pedido que se continúe con los procesos.
Otro hecho que genera sospechas es la compra de 100 pines metálicos con el escudo institucional, donde inicialmente se presentó una sola propuesta por un monto elevado, pese a que en Chiclayo existían opciones más económicas. Incluso, según el denunciante, se terminó adquiriendo el producto a un precio unitario que no guarda relación con los valores del mercado local.
Además, Gonzales cuestionó que algunos proveedores no pertenecerían a la región Lambayeque y que las direcciones fiscales consignadas corresponderían a viviendas que solo funcionarían como fachadas, lo que incrementa las dudas sobre la transparencia de las contrataciones.
SOSPECHAS CRECEN EN COMPRAS
Carlos Gonzales volvió a denunciar presuntas irregularidades en las contrataciones de la comuna, esta vez en la adquisición de materiales especializados para la oficina de OMAPE y el programa DEMUNA.
Indicó que dos cotizaciones provenientes de Piura fueron rechazadas por presentar montos menores, lo que derivó en un nuevo estudio de mercado y la emisión de una orden de servicio por S/ 14 629. Asimismo, se cuestionó la compra de productos a la empresa MIC SRL por S/ 3875 pese a existir observaciones previas.
El concejal advirtió que estos proveedores ya habrían tenido vínculos anteriores con la comuna y que, pese a las alertas, se continúa con presuntos direccionamientos, evidenciando una preocupante reiteración de prácticas que alimentarían la corrupción municipal.
