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Publicado el Sábado, 17 de Febrero del 2024

181 casos de corrupción en trámite en entidades

Región comprende el 3 % de casos investigados a nivel nacional
Defensoría informó que el 97 % de las indagaciones en Lambayeque está en etapa preliminar al acabar el 2023.
La región Lambayeque registra 181 casos de corrupción en entidades estatales en trámite en el segundo semestre del año pasado, según reportó la Defensoría del Pueblo.
ESTADÍSTICA
La Defensoría publicó el tercer reporte “Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional”, en el que se revela que la región lambayecana, en la segunda mitad de 2023, refleja el 3 % a nivel nacional en el mapa de corrupción.
Esta es una cifra muy similar a la registrada en el primer semestre del mismo año, en que el número de investigaciones en trámite por temas de corrupción alcanzó los 215 casos (3,7 %). En el último semestre, Lambayeque tiene 20 casos por el delito de peculado, que se configura cuando un funcionario o servidor público se apropia o emplea, de alguna manera, en beneficio propio o de terceros, fondos o recursos que le han sido confiados por la condición de su cargo. La mayoría de los casos de corrupción a nivel nacional están en trámite y se encuentran en investigación fiscal, es decir, en etapa preliminar o preparatoria. En Lambayeque, 175 casos se hallan en etapa de investigación preliminar, o sea, se vienen efectuando acciones urgentes e inaplazables requeridas y/o practicadas por el Ministerio Público. Para la Defensoría del Pueblo, la problemática de la corrupción constituye un asunto de prioritaria atención dadas las consecuencias directas e indirectas que tiene en el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas; así como el impacto diferenciado de este problema multidimensional en el caso de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para la elaboración de esta edición, se sistematizó y analizó información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Esta data utilizada corresponde a los delitos cometidos por funcionarios/as públicos/as comprendidos entre los artículos 382 y 401 del Código Penal.
 

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