El reciente anuncio de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, en el que señala que convocaría una sesión de Concejo para abordar la posibilidad de la expropiación de las 36 tiendas del mercado Modelo, desató la polémica entre los regidores municipales.

 

La regidora oficialista María Quispe Alejandría insistió en que la expropiación siempre fue un asunto destacado en la agenda del concejo.

 

Además, la autoridad reveló que durante los primeros meses del año, se instauró una mesa de trabajo que contó con la presencia de representantes del mercado Modelo, el gerente de Desarrollo Económico, el asesor legal y la Comisión de Desarrollo Económico.

 

Quispe destacó la extensión del expediente de este emblemático caso.

 

“Estamos a la espera del expediente de la Procuraduría, debido a las numerosas implicaciones que conlleva la expropiación. Es necesario socializar el expediente con todos los regidores para asegurar un entendimiento integral del tema”.

 

Aunque reconoció que la municipalidad actualmente carece de fondos, afirmó que eso no impide técnicamente la expropiación.

 

“La ley no estipula que se haga el pago de una vez, lo que permite un financiamiento externo”. Quispe también señaló que el mercado está devaluado y que se deben considerar salidas técnicas para abordar la situación.

 

En contraste, el regidor de minoría Orlando Puell Varas adoptó una postura más cautelosa.

 

Expresó su disposición a revisar cualquier expediente que llegue al concejo y tomar una decisión acorde.

 

Puell resaltó la necesidad de tener una idea clara de cuánto se va a pagar y del costo de la tasación.

 

Finalmente el regidor subrayó que es crucial para la recuperación de las tiendas, por lo que se debe ver si se dispone del presupuesto.

 

La situación financiera de la Municipalidad de Chiclayo sigue siendo preocupante, en especial debido a la deuda existente de 300 millones, que destacó el regidor Puell.

 

Este compromiso económico plantea serios desafíos para la gestión de la entidad pública, que debe determinar cómo financiará la expropiación que se encuentra sobre la mesa.

 

Al mismo tiempo, el procurador Juan Huancas Muñoz resaltó que la municipalidad enfrenta múltiples deudas provenientes de gestiones anteriores. Entre estos compromisos pendientes se encuentran pagos a proveedores, temas de salud, cuestiones judiciales y otros conceptos.

 

El panorama que dibuja Huancas evidencia una entidad asfixiada por deudas heredadas y nuevas responsabilidades. Frente a esta realidad, el procurador sugiere que la municipalidad debería ser exonerada de pagar un justiprecio por la expropiación, una propuesta que busca aliviar la presión económica sobre la institución.