Millonario fracaso. Más de 1 500 alumnos de la Institución Educativa (I.E.) Juan Tomis Stack ubicada en el pueblo joven Túpac Amaru, Chiclayo, ven, una vez más, postergada la oportunidad de reconstrucción de su vetusta infraestructura, a pesar que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) tiene desde el 2018 más de S/ 16 millones de soles para ejecutarla.

 

Cabe precisar que este fracaso no es nuevo, puesto que el mismo arrastra de la gestión edil de David Cornejo Chinguel, Marcos Gasco Arrobas y ahora Janet Cubas Carranza; esta última tampoco pude ejecutar este proyecto, el mismo que se convoca y financia bajo el amparo de las normas que rigen a la Reconstrucción Con Cambios (RCC).

 

Cuando se pensaba que la pesadilla de la larga espera terminaba y se adjudicó el último 30 de mayo del presente la buena pro al postor ICM, ayer, La Industria revisó el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), detectando que el consentimiento (de la buena pro) no se había dado.

 

La situación es grave, puesto que como ya explicamos, este proyecto “Ejecución de obra de rehabilitación del local escolar N° 10042 Monseñor Juan Tomis Stack” está bajo el amparo de las normas de la RCC, las mismas que ordenan que una vez otorgada la buena pro, en el plazo de cinco días hábiles debe consentirse la misma (DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios).

 

Hay que precisar que, posterior al otorgamiento de la buena (30 de mayo) siguiendo el procedimiento, el comité especial como es su obligación colgó en el Seace los resultados que obran en el acta de adjudicación, redactando incorrectamente (en el Seace) los montos de los postores, cambiando el costo que el contratista ganador ofreció por el de su competidor (perdedor) ¿adrede?

 

La Industria pudo conocer que esta situación habría sido el detonante para que el proceso se detenga. Este medio accedió a información que el propio Organismo de Contrataciones del Estado (Osce) remitió a la MPCh en respuesta a la consulta que la comuna realizó para la “Corrección de datos en el Seace”.

 

En dicha respuesta remitida el 6 de junio del presente, el Osce explica claramente a la MPCh que “para la corrección de datos deberá presentar el formato H suscrito por el jefe de Administración o quien haga sus veces mediante firma digital de forma obligatoria, con certificado digital de personas jurídicas (según listado emitido por Reniec, su representada cuenta con la prestación de servicio de certificación digital).

 

Este trámite dura dos días, siempre y cuando las firmas institucionales (en Reniec) de los funcionarios estén vigentes, caso contrario se extiende a 30 días.

 

Como se recuerda, el gerente de Administración de la MPCh, Roberto Enríquez Calderón renunció el lunes 5 de junio y su salida fue notificada el 6 de este mes; su reemplazo (quien debe poner la firma digital más el trámite ante Reniec) Marco Antonio Ñanfuñay Minguillo, recién asumió una semana después (12 de junio).

 

Otra irregularidad es que el comité especial presidido por: Saúl Seminario Cabrejos e integrado por los miembros: Juan Alberto Contreras Díaz y Ana Karenina Gamonal Fernández (jefa de Logística) no habría advertido un párrafo en la carta de línea de crédito que el postor ganador (ICM) presentó en el proceso (emitida por una entidad bancaria), que a la letra dice “…esta línea de crédito podrá ser ajustada y/o modificada en cualquier oportunidad por el banco…”.

 

La suspicacia se vigoriza porque en agosto de 2021 ICM presentó una carta de línea de crédito del mismo banco con similar tenor (arriba descrito) en una obra licitada por la Municipalidad Distrital de Mórrope, la misma que fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado.

 

Es así que a través de la Resolución N° 2841- 2021 del 17 de diciembre de 2021, el Tribunal en su ítem Fundamentación dice: “…la carta de línea de crédito del impugnante (ICM) no resulta idónea…en consecuencia, dicha oferta tampoco cumple con lo exigido en las bases…por lo que corresponde declararla nula como no admitida).

 

Esto fue corroborado en el punto 13 de la parte resolutiva del documento “declarar no admitida la oferta de ICM…”.

 

De acuerdo a los entendidos, esto sienta jurisprudencia en cualquier otro proceso.

 

La Industria buscó, hasta tres veces, la versión de la actual gerente municipal, Merly Berríos Sánchez. En las dos primeras pidió tiempo para hacer las consultas respectivas a “Planeamiento” y “devolvía la llamada”.

 

Al cabo de un tiempo, llamamos de nuevo y esta vez indicó “no, no se ha paralizado la obra…estuve averiguando…se ha suspendido un poco el tema de la firma del contrato. Sí, es cierto que no se ha subido el tema del consentimiento porque se tiene que corregir el monto, pero el proceso sigue, no se paraliza, me dicen que ya se puso en conocimiento a la entidad respectiva, se está corrigiendo (los montos mal redactados en el Seace)”.

 

La Industria repreguntó ¿cómo harán con el formato H que el Osce les exige presenten para corregir los montos en el Seace si demora 30 días?

 

Mira, es un proceso que no lo hemos ocasionado nosotros...(inteligible)… aló, hola… la batería…” y se cortó la llamada. La Industria insistió con Berríos, pero ya no contestó.