La salud en juego. Desde hace más de un año se hallan varadas, en el patio de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque, las 34 ambulancias adquiridas por el exgobernador regional (e), Luis Díaz Bravo, pero observadas en su recepción por el gobernador titular (cuando regresó de su arresto domiciliario), Anselmo Lozano Centurión.

 

Dicho lote de unidades tiene un valor de S/ 12 millones 660 mil, las mismas que además fueron observadas por la Contraloría, y que permanecen inoperativas a la intemperie, mientras los distintos centros de salud de la región a donde serían derivadas, las esperan para salvar vidas.

 

Toda esta controversia terminó en que el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque a través de su Procuraduría Pública Regional decida llevar este caso, contra la empresa proveedora, a un arbitraje por las observaciones técnicas hechas a los vehículos, documentación a la cual tuvo acceso La Industria.

 

Así tenemos que, el último 13 de junio, el Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas remite a la Geresa y al consorcio Grupo Médico Lambayeque, la Carta N° 11- ADM/P.A.383-2022/CEAR/EM; Referencia: Proceso Arbitral N° 383-2022 rubricada por Verónica Sandoval Larraín en calidad de administrador del centro de arbitraje.

 

En la misiva se informa a las partes que la Geresa “…ha cumplido con acreditar lo referente al pago de los gastos administrativos en vía de subrogación, es decir el monto neto, de los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y la Secretaría Arbitral, manifestando así su posición de continuar con el presente arbitraje”.

 

La carta también solicita le remitan los comprobantes de pago respectivo para tenerse por cumplido los mismos.

 

Seis días antes (7 de junio), el procurador público del GORE, Luis Enrique Bazán Ciurlizza, se dirige mediante escrito al presidente del Tribunal Colegiado, Mario Manuel Silva López, dándole a conocer que la Geresa cumplió con emitir las órdenes de servicio (OS) N° 1145, 1146, 1147, 1148.

 

“…esta Procuraduría Pública informa que se están realizando los trámites necesarios que permitan cumplir con este mandato…”.

 

La Industria también consiguió las órdenes de servicio, las cuales van en el orden de: N° 1145 girada por S/ 25, 897.83; OS N° 1146, S/ S/ 25, 897.83; OS N° 1147 S/ 25, 897.83 y la N° OS 1148 S/ 31, 989.80, lo que hace un total de S/ 109, 683.29.

 

Sin embargo, en el mismo expediente figuran las constancias de pago mediante transferencia electrónica giradas a: Katerín Rosario Torres Cortez (S/ 23,826); Mario Manuel Silva López (S/ 23, 826); Héctor Ricardo Aguirre García (S/ 23. 826) y al Centro de Arbitraje Latinoamericano (S/ 28, 150.80), lo que da un total de S/ 99, 628.8.

 

De acuerdo a lo que se desprende del Informe de Contraloría N° 044-2022, durante una revisión aleatoria de cuatro ambulancias entregadas, el órgano de control encontró que estaban montadas en el chasis de una camioneta Nissan Frontier, modelo S 4x4 MT.

 

Además, advierte que las ambulancias fueron fabricadas en 2021 y no en 2022, como se requiere en las bases de la Contratación Directa N° 04-2022; asimismo, los vehículos tienen fallos en el sistema eléctrico, ya que deberían tener baterías con una capacidad de 100 amperios por hora, no de 70. Las ambulancias tampoco están debidamente equipadas con material médico e insumos.

 

El 22 de diciembre de 2022, el GORE emitió la Resolución Ejecutiva Regional N° 000635-2022 firmada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión, que declara la nulidad del contrato de compra de las 34 ambulancias.

 

De esta manera, oficializan la nulidad del Contrato de Bienes N° 004-2022 realizado a mediados de 2022 por el entonces gobernador provisional Luis Díaz Bravo, a través de la Gerencia Regional de Salud a cargo de Juan Alipio Rivas Guevara.

 

Igualmente, se deja sin efecto el procedimiento de selección por contratación Directa N° 004-2022 para la adquisición de las ambulancias. También, se declara la nulidad de las Guía de Internamiento N° 77, 78 y 79, actas de recepción y de las demás disposiciones y actos administrativos que se opongan a las resoluciones gerenciales y otros documentos que motivaron la citada Contratación Directa.

 

El Consorcio Grupo Médico Lambayeque, empresa contratista que proveyó las ambulancias presentó cinco pretensiones para resolver el proceso arbitral que inició en contra del GORE.

 

Así lo dio a conocer la Geresa mediante Informe N°2084-2023, el cual fue oralizado ante el pleno del Consejo Regional de Lambayeque en la sesión de ayer.

 

En la primera pretensión arbitral, la proveedora pidió la nulidad de la Resolución N° 635-2022 que se emitió en diciembre de 2022, pero en caso de que la propuesta sea desestimada, solicitó la devolución de “las 24 ambulancias entregadas, las cuales deben estar en perfecto estado operativo y de conservación, caso contrario, solicitan al GORE restituya a la empresa proveedora el valor contractual de dichos vehículos”.

 

La segunda pretensión alude justamente al primer lote de ambulancias entregadas. De acuerdo al informe, la contratista exige a la Geresa la conformidad de las 24 unidades, así como la efectuación del pago de saldo contractual pendiente. Esta pretensión también cuenta con una alternativa referida a que el GORE efectúe “las gestiones y acciones necesarias para el pago de los bienes entregados y no cancelados, considerando los bienes aplicables por la demora incurrida”.