El abogado Gilberto Carrasco Lucero consideró que las multas que el Poder Judicial impuso a la Municipalidad Provincial de Ferreñafe por negarse hasta en tres oportunidades a retener el 50 % de los haberes mensuales del alcalde Polanski Carmona en el marco de un proceso de alimentos, afecta las arcas municipales, por lo que recomendó la intervención del Órgano de Control Institucional de esta comuna.
La tercera multa fue de 5 unidades de referencia procesal (URP), y de acuerdo al cuadro de valores de los aranceles judiciales para el año 2023, una URP está valorizada en 495 soles.
“Ahí quien tendría que intervenir es el órgano de control institucional porque por mandato de la ley se tiene que preservar el buen funcionamiento de la entidad pública, y en este caso, la entidad (municipalidad) se está perjudicando al estarse aplicando multas que ya tienen la condición de consentida pues como se desprende de la última resolución, las resoluciones anteriores donde se pusieron las multas no han sido impugnadas, lo que exigía el cumplimiento por parte de la entidad; y se está perjudicando al tener que, en algún momento, desembolsar el dinero (de la multa) solamente por una decisión del alcalde que no es una decisión personal, sino que ya trascendió a la entidad porque los funcionarios quienes son los que deben hacer el descuento por planilla están desobedeciendo, porque resulta evidente alguna disposición de la máxima autoridad para evitar cumplir con el mandato.”, señaló.
Delitos
Como se recuerda, ante el tercer incumplimiento de los funcionarios ediles para cumplir con la sentencia, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ferreñafe también remitió copias del proceso al Ministerio Público para la denuncia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad contra el alcalde Carmona, y su gerente general, Wilmer Vásquez Guerrero.
No obstante, para el especialista legal, ese no sería el único delito que se desprendería de este caso.
“También podríamos advertir que se está realizando un aprovechamiento indebido del cargo, una omisión de funciones, además de la desobediencia a la autoridad por lo que el juez está remitiendo copias de la resolución al Ministerio Público para iniciar un proceso penal contra el alcalde y el gerente municipal”, acotó.
La Industria intentó contactar sin éxito con un responsable de la Contraloría, en atención a que los órganos de control institucional dependen funcionalmente de la primera institución.
