La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, dijo que pedirá a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que se priorice la atención de los expedientes judiciales por delitos de corrupción de funcionarios que se encuentran esperando fecha para sus respectivas audiencias de juzgamiento.

 

Tal como informó La Industria en su edición del miércoles 7 de junio, alrededor de 16 carpetas no han sido programadas para el inicio de juicio oral, incluso algunas de ellas llevan esperando más de dos años.

 

La magistrada superior indicó que están a la espera de que las coordinadoras de los despachos fiscales Anticorrupción le detallen la situación de estas carpetas para hacer el requerimiento respectivo ante el Poder Judicial, debido a que estos retrasos agravan la problemática que ya enfrentan con la numerosa carga procesal.

 

“Hay miles que deben ser atendidas dentro de los plazos debido a la alta carga procesal que se les deja. (Sobre los expedientes) no conozco al detalle porque los fiscales Anticorrupción trabajan con su coordinación, no nos dan cuenta a nosotros, pero si esos son los casos nosotros tendríamos que recibir la información de ellos para pedirle al presidente de la Corte le dé prioridad conforme a la antigüedad de la peticón o el requerimiento que ha formulado el Ministerio Público”, explicó.

 

Expresó que aunado a esta problemática también han debido lidiar con las recientes renuncias de fiscales y de personal administrativo, pues el distrito fiscal de Lambayeque no cuenta con presupuesto para hacer estas convocatorias.

 

“Hay fiscales que han renunciado, personal administrativo que ha renunciado, y cuando un personal administrativo CAS renuncia, nosotros como distrito fiscal, no podemos convocar (nuevas contrataciones) porque el presupuesto depende de la gerencia general de Lima, esa es la situación. Hemos hecho varios informes desde hace dos meses a la Fiscalía de la Nación, y nos han ofrecido que se va a incrementar el presupuesto del Ministerio Público”, añadió.

 

Carmen Miranda cuestionó la formación de una unidad ejecutora para administrar los bienes del Instituto de Medicina Legal sin contar con un presupuesto.

 

“Lamentamos mucho que se haya formado una unidad ejecutora que administra los bienes y necesidades de la Unidad de Medicina Legal sin prespuestos adecuados, no tienen presupuesto ni para cambiar el aire acondicionado a un lugar donde los peritos realizan sus análisis. Es algo que no podemos asumir porque nuestro presupuesto y de todas las entidades nacionales tienen ítems que no se puede modificar o trasladar a otras partidas”, dijo.