La regidora y presidenta de la Comisión Investigadora de la instalación de 600 contenedores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Giovana Sabarburú Torres, no descartó que el informe final por este caso recomiende la intervención del Ministerio Público y la Contraloría.

 

En diciembre de 2022, cuando aún era alcalde Marcos Gasco Arrobas, la comuna desembolsó 198 000 soles por la instalación de los 600 depósitos transitorios de basura, pero casi la mitad de ellas permanecen guardadas en un local municipal.

 

Tras la adquisición de 600 contenedores, la municipalidad contrató con el consorcio KJC para la instalación de dichos depósitos, mediante la construcción de 600 losas de concreto y un sistema de anclaje; el servicio estuvo valorizado en 198 000, importe que fue pagado en su totalidad por el ayuntamiento en diciembre último, pese a que el servicio no fue culminado.

 

Ante la consulta de si el informe final podría recomendar la intervención de la Fiscalía y de la Contraloría, la regidora no descartó al estar comprometido el dinero de las arcas municipales.

 

“Se hizo un contrato con una empresa para la instalación de 600 contenedores, para ello tenía que construirse 600 losas de cemento y colocarlos, pero hay 259 contenedores que no han sido instalados, aun cuando se hizo el pago íntegro del servicio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué la gestión recibió 600 contenedores si no se instalaron en su totalidad? La comisión se encargará de verificar si se construyeron las 600 losas a las cuales se dio conformidad para que se diera ese pago. (Sobre la intervención de la Fiscalía y la Contraloría) Sí, claro que sí, por eso se está haciendo una investigación, ya sea porque una loza no se construyó amerita una investigación porque es dinero del Estado y no se puede perder”, enfatizó.

 

Actualmente, la Gerencia de Residuos Sólidos evalúa qué contenedores deberán ser retirados porque no se encontrarían en buenas condiciones.

 

El especialista en temas ambientales, Larry Oblitas Montalvo indicó que el problema surgido por el plan de contenerización responde a que no contó con un estudio técnico. Y cuestionó que hasta el momento no se haya actualizado el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, caduco desde 2022.

 

“Adicional del proceso de adquisición que puede tener sus perjuicio económico, también se debe ver el tema de la operatividad porque eso respondió a un plan de contenerización que debió incluir un estudio volumétrico de la cantidad de residuos generados y del tipo de residuos que van a resistir esos contenedores, porque como vemos cuando se llenan, los residuos se colocan alrededor de los depósitos, que terminan convirtiendo a un punto de acopio en un centro de acumulación. Eso pasa por no tener los documentos de gestión que estén articulados, Los documentos de gestión y de planificación no están actualizados, Chiclayo no tiene el plan de Manejo Provincial de Residuos Sólidos desde el año pasado”, dijo.