“Esta ley es un engaña muchachos, es una ley que no tiene ni pies ni cabeza y lo único que busca es proyectar que el Congreso está haciendo una buena gestión de recursos hídricos, pero lamentablemente no es así”, sostuvo el ingeniero especialista, Manuel Millones Chanamé.

 

Agregó que crear el canon de recursos hídricos con lo que recibe por retribución económica el Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para darle a las municipalidades y centros poblados de las zonas de trasvase, es incierto, porque no se sabe si están preparadas, si cuentan con los equipos técnicos, recursos, apoyo logístico para elaborar proyectos que contribuyan a mejorar la cuenca hidrográfica.

 

Comentó que en principio esta ley fue observada por el Ejecutivo, pero a insistencia del Congreso este la aprobó; “más tiene un propósito político, el mismo que busca brindar la idea a los agricultores que el Congreso se está preocupando por los recursos hídricos”.

 

En primer lugar, opinó que esta ley se elaboró sin la participación de los actores principales que son los usuarios de agua de uso agrícola, poblacional, industrial, etc. Ninguno fue consultado, se hizo a espaldas de los actores principales.

 

Acotó que habla de la retribución económica, que es un pago que se está efectivizando por parte de todos los usuarios, un dinero que lo maneja la ANA, pero lamentablemente no se sabe exactamente qué cantidad de dinero recaba al año y si verdaderamente es utilizado en la conservación y preservación de las cuencas hidrográficas.

 

Por su parte, el secretario técnico de Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay Lambayeque, Paul Escajadillo Llontop, afirmó que esta ley se crea como una medida de compensación a las regiones que han sido afectadas por efecto del trasvase de aguas y tiene por objeto generar recursos económicos para estas zonas.

 

Escajadillo indicó que es bien sabido que las aguas que son trasvasadas a Lambayeque provienen del río Chotano y Conchano, asentadas entre las provincias de Chota, Hualgayoc, San Miguel y Santa Cruz de la región Cajamarca; entonces las empresas público privadas que hacen uso del agua tienen que constituirse con el 50 % del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado de las grandes y medianas empresas a favor de los gobiernos locales, alcaldías de centros poblados donde están ubicadas las zonas de trasvase.