La Contraloría General de la República (CGR) identificó que los legajos de 11 servidores designados en cargos de confianza en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) no acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos, lo que pone en riesgo la legalidad e idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.
La Industria obtuvo acceso al Informe de Orientación de Oficio N° 004-2023-OCI/2129-SOO de la CGR, el cual indica que 11 servidores de confianza no acreditan la experiencia específica de tres años en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal.
Se trata de Karen Bustamante, gerente de Asesoría Jurídica; Pedro Barboza, gerente general del SAT; Alejandra Facundo, gerente de Planeamiento y Presupuesto; Cesar Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transportes; Kattia De La Cruz, subgerente de Educación, Cultura y Deportes y Recreación; Richard Chicana, subgerente de Obras Públicas; Luz García, subgerente de Registro Civil; Yris Cotrina, subgerente de Calidad Ambiental; Renso Ramírez, subgerente de Tránsito, Transporte y Viabilidad; Henry Arribasplata, subgerente de Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres; y Carlos Burga, subgerente de Mantenimiento de Equipo Mecánico.
Además, en el caso de Luis Tello Vásquez, subgerente de Programación de Inversión y Cooperación Técnica, no es posible determinar la acreditación de un año de experiencia en cargos de dirección por incongruencias en sus certificados de trabajo.
Ante ello, el gerente general de la MDJLO, Ronald Quispe, dijo haber ordenadomedidas en el área de Recursos Humanos, porque debieron verificar oportuna y adecuadamente las hojas de vida de los servidores y que se podrán aplicar procesos administrativos sancionadores si estos funcionarios no cumplen con los requisitos establecidos.
Es importante destacar que la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño de funciones en cargos de confianza puede poner en peligro la integridad de la gestión pública, por lo que es necesario tomar medidas adecuadas para asegurar la transparencia y eficiencia en la función pública.
LEY VIGENTE
Desde el 27 de enero, entró en vigencia la Ley Nº 31676, no retroactiva, que indica que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. Ley que deberá ser cumplida por las instituciones para la transparencia del ejercicio pùblico.
