Personal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones realizó pagos a servidores públicos durante el periodo en que se encontraban sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la función pública, sin que a la fecha se haya efectuado su recupero; según se detalla en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/3451-SOO de la Contraloría General de la República.
El documento señala, además, que los hechos de indicios de presunta irregularidad fueron identificados en octubre de 2019 y se recomendó implementar las recomendaciones formuladas.
El OCI resalta que, ya sean estas recomendaciones de carácter administrativo o legal deben estar orientadas a recuperar los montos indebidamente efectuados a los servidores públicos: Agustín Tacayama Cieza, Ángel Torres Navarrete y Luis Guerrero Chiroque; o en efecto que se informe que esto se encontraba en dicho proceso.
Sin embargo –remarca el informe– el 16 de enero de 2023, Karim Rojas Toro, jefa de Administración de la Gerencia de Transporte, recepcionó el oficio y pese haber transcurrido en exceso el plazo otorgado, a la fecha no habría cumplido con remitir la información requerida, señala el documento.
En ese sentido, el OCI evidencia que personal de la referida gerencia responsable de realizar los pagos de remuneraciones u otros pagos, permitieron que los servidores públicos antes citados, percibieran estos desembolsos por concepto de remuneraciones, gratificaciones, incentivos, bonificaciones, asignaciones u otros pagos dentro del periodo en que se encontraban sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde octubre de 2019 a la actualidad la entidad aún no ha determinado el deslinde de responsabilidades administrativas, así como no se ha procedido a recuperar el monto total de los pagos indebidamente efectuados ocasionando un prejuicio económico de S/ 22 199. 89.
SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS
De la revisión del registro de sanciones inscritas y vigentes en el ámbito de la potestad sancionadora de la Contraloría, actualizado y consolidado al 30 de septiembre de 2019, se verifica que se sancionó a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública el servidor Agustín Takayama Cieza, sanción de cinco años inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta al servidor Pedro Ángel Torres Navarrete y sanción de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública para Jorge Luis Guerrero Chiroque.
