El Gobierno Central declaró en Estado de Emergencia en todo el país por el plazo de 30 días debido a las protestas registradas en la última semana.

 

El anuncio fue dado por el ministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, quien señaló que las movilizaciones a las que llamó “actos vandálicos” requerían de una “respuesta contundente por parte del gobierno”.

 

Al respecto, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Carlos Martínez Oblitas, criticó la medida porque solo “incentiva a la ciudadanía a seguirse manifestando”, por lo que recomendó replantear el plazo para convocar a nuevas elecciones, pues ese es el principal requerimiento que realiza la población en sus marchas.

 

“Si Pedro Castillo tenía malos asesores, Dina Boluarte tiene pésimos. No ameritaba este tipo de declaratoria porque incentiva a que la gente se siga manifestando. Lejos de estar suspendiendo garantías lo que deben hacer es convocar elecciones para el 2023 y se acabó todo y entramos en paz. Porque esto va a continuar, la mayoría de la gente quiere que se vaya este Congreso, pero las autoridades responden con más represión, o criminalizando las protestas”, señaló.

 

Por su parte, la exparlamentaria joven, Jemilé Domínguez Cubas, indicó que la postura del actual Gobierno nacional de “resolver militarmente lo que es un problema político” ha motivado a que la población organizada haga un llamado a las instancias personales para garantizar que no se registren atropellos a la ciudadanía mientras dure esta medida.

 

“Los organismos de Derechos Humanos están haciendo un llamado a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vengan a supervisar que no haya ningún atropello a los derechos humanos, porque están en riesgo los derechos de la ciudadanía. Militarizar la calle no es la solución cuando el problema es inminentemente político”, puntualizó.

 

Ante los actos desbordados de violencia que se han suscitado en otras ciudades del país, donde vándalos tomaron terminales aéreos, la Policía Nacional del Perú como medida preventiva, refuerza la seguridad en el Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales de Chiclayo.

 

Entre las medidas también desde la víspera rigen restricciones como el ingreso únicamente de personas con tarjeta de embarque o pasajeros que requieren asistencia especial, lo hagan con un acompañante. El ingreso de vehículos también está prohibido.

 

Efectivos de la Policía Nacional refuerzan la seguridad en las inmediaciones del aeropuerto José Quiñones, en tanto, un oficial revisa en la puerta que cada pasajero cuente con su tarjeta de embarque.

 

Esta medida es en cumplimiento a la disposición de Aeropuertos del Perú (ADP), que indica solamente el ingreso a las instalaciones de las personas que tengan tarjeta de embarque y en el caso de personas que requieran asistencia como menores de edad o adultos mayores viajando solos, personas con discapacidad, entre otros, se permitirá el ingreso de un acompañante.

 

Alrededor de las 17:00 horas de ayer, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo N°143-2022 para declarar el Estado de Emergencia de todo el territorio nacional, por 30 días. La medida significa que el orden interno estará bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, es decir, ambas entidades están legitimadas para emplear y hacer uso de la fuerza.

 

Del mismo modo, establece la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

 

El documento oficial establece que cinco días después al término del estado de emergencia, la Policía deberá presentar un informe ante el Ministerio del Interior sobre las acciones realizadas durante la medida excepcional.

 

Las movilizaciones en la región Lambayeque, como en el resto del país exigiendo el cierre del Congreso de la República y pronta convocatoria a elecciones generales, continuaron ayer en su día sexto, anunciando para hoy un gran paro nacional.

 

En la ciudad de Chiclayo, ayer por la tarde, un nutrido grupo de personas marcharon de manera pacífica, esta vez llegando y pasando por el mercado Modelo y terminando en el Parque Obrero. Los manifestantes pasearon un ataúd con la foto pegada de varios parlamentarios.

 

La venta de pasajes interprovinciales continuó suspendida al nororiente y en la vía Panamericana, debido a los problemas en esas zonas, perjudicando a pasajeros y comerciantes.

 

En el terminal Nororiente donde salen buses a Jaén, Bagua, Tarapoto, Yurimaguas, las agencias se encuentran cerradas desde hace dos días, debido a los bloqueos que se producen en diferentes puntos de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

 

Su explanada se observa sin buses; la concesionaria de la carretera IIRSA Norte indicó que son cuatro puntos de bloqueo en esta vía: el Km 180 en el puente Chamaya, Km 60 en el tramo Hualapampa (región Piura), km 230 San Luis - Bagua Grande (región Amazonas) y el km 264 Pedro Ruiz (Amazonas).

 

La concesionaria pidió a los pasajeros tomar sus precauciones. Solo en algunos casos están abiertos los módulos para dar información, pero no hay venta de pasajes. Algunos transportistas en las afueras del terminal ofrecen el traslado, pero solo hasta Jaén.

 

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, sostuvo que los actos de violencia no son parte de la manifestación pública e invocó a la población lambayecana a no incurrir en delitos como sucede en otras partes del país.

 

Hidalgo Reyes manifestó que la Defensoría considera que estas manifestaciones son hechos y actos válidos y permitidos; en ese sentido, su ejercicio debe realizarse respetando la propiedad privada, pública y los derechos de otras personas que transitan libremente. “Estos actos de violencia que vienen ocurriendo en otras partes del país, son hechos delictivos que distorsionan toda manifestación pública”, acotó.

 

Por la tarde, en un pronunciamiento a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Ejecutivo y Legislativo implementar alternativas realistas de gestión de la crisis política, para restablecer, en un plazo razonable, la gobernabilidad y la paz social del país.

 

Asimismo, instó al Congreso de la República a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones.

 

Además, plantea al Ejecutivo liderar la gestión de esta crisis “no solo con un sentido de urgencia, sino también considerando la importancia de lograr un diálogo estratégico y oportuno con autoridades y organizaciones locales, regionales y nacionales”.