Casi cuatro años pasaron desde el inicio de la actual gestión municipal que está por terminar y la normativa para regular la instalación de paneles publicitarios y el uso que estos le dan a los espacios públicos siguen sin normarse.

 

Lo más grave es que, en todo este periodo de gobierno edil el dictamen que daría pie a esta regularización fue puesto de costado por la comisión de Asuntos Legales, la cual es presidida por el regidor Ricardo Lara Doig, dueño de una empresa dedicada a este rubro, en sociedad, según la SUNAT, con el exgobernador regional, Luis Díaz Bravo.

 

De acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 033-2022-OCI/0425-AOP, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) “no ha regulado el pago de una tasa por uso de espacio público por período de tiempo aplicable a las personas naturales y jurídicas con autorizaciones de anuncios y publicidad exterior, lo cual ha impedido que la entidad perciba mayores ingresos”.

 

Así como lo lee, el municipio chiclayano por esta dejadez, la cual arrastra varios años, habría dejado de cobrar millones de soles.

 

Según el Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPCh, la comuna en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en ninguno de sus procedimientos “regula el uso de espacio público por el anuncio y publicidad exterior, ni establece una tasa por el uso de espacio público en complemento al cobro que se realiza a los administrados por el derecho de trámite”.

 

El OCI resalta que, la MPCh incurre en omisión al no haber regulado, mediante ordenanza, el cobro de una tasa por aprovechamiento de bien público dirigido a personas naturales o jurídicas con autorizaciones de anuncios y publicidad exterior; afectando así los intereses del Estado.

 

“De lo anteriormente expuesto, se concluye que, la actual gestión, desde el año 2019 no ha regulado mediante ordenanza municipal, el cobro de una tasa por aprovechamiento de bien público por instalación de anuncios y publicidad exterior, ni ha incluido el pago de dicha tasa en el procedimiento de autorización de anuncios y publicidad exterior permanente…”.

 

Otra irregularidad contenida en el informe del OCI reza: “Deficiencias en la supervisión y fiscalización en la instalación de anuncios y publicidad exterior, genera que personas naturales y jurídicas instalen paneles sin autorización municipal; que no se realice mantenimiento a paneles y sus estructuras; y que la entidad no aplique sanciones administrativas pecuniarias y no pecuniarias conforme a lo establecido…”.

 

El OCI precisa que, “en la documentación alcanzada por la MPCh, no se advierte información que permita evidenciar acciones dispuestas por la entidad hacia los propietarios de los anuncios instalados clasificados como “Carecen de registro”.

 

Lo más grave es que, según el Informe Técnico n° 47-2021, la subgerencia de Control Urbano y Supervisión de Obras, informó “(…) se ha podido colegir que efectivamente existen enormes carteles que no solo carecen de autorización municipal, sino también constituyen un alto riesgo para los vecinos, peatones y niños ya que existen centros educativos ubicados a escasos metros”.

 

La Industria conversó, al respecto, con el regidor, Luis Carlos Cabrejos Ucañay, quien es uno de los tres miembros de la comisión de Asuntos Legales del Concejo chiclayano.

 

“Desde abril de este año que estoy en esta comisión y no se ha tratado ni llegó ningún expediente por el caso de los paneles”, expresó.

 

Cabrejos Ucañay, que fue regidor en la gestión anterior (David Cornejo) al igual que el concejal Ricardo Lara Doig (presidente de la comisión de Asuntos Legales), quien fue denunciado hace poco, por otro regidores, porque su número telefónico aparece en paneles instalados en la ciudad.

 

“…si la misma MPCh dice que no tienen expedientes, permisos, licencias de los paneles, intentan llamar al número que exhiben las publicidades y este número es del regidor Lara, entonces deja mucho que desear”.

 

Dicho esto, se le preguntó ¿la situación configuraría un delito? Y respondió “es claro que no existe la voluntad de cumplir lo que la normativa señala”.

 

Se le repreguntó ¿no hay voluntad por un interés? “No puedo aseverar qué interés tendrán…pero es evidente que no tienen la voluntad, porque existe este negocio de publicidad en el cual forma parte el concejal Lara y otra persona”.