Algunas autoridades regionales y provinciales de la región Lambayeque culminarían sus gestiones en el presente año inmersos en procesos judiciales en curso.
Entre las autoridades regionales figuran el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión y el vicegobernador Luis Díaz Bravo, quienes son investigados por el caso “El imperio del mal”.
En audiencia de control instalada en el presente mes, el Ministerio Público solicita 21 y 7 años de pena privativa de la libertad para ambas autoridades por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio en agravio de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
La audiencia de control fue suspendida y continuará el 15 y 20 de diciembre.
ALCALDES
Por otro lado, el Poder Judicial ordenó someter a juzgamiento al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por el conocido caso ‘Veolia’.
En el caso de la autoridad edil de Chiclayo, afrontará un juicio oral por presunto delito de colusión agravada y alternativamente por negociación incompatible en la controversial contratación con la empresa Veolia Perú SAC.
En este caso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena privativa de la libertad de 6 años contra el burgomaestre chiclayano.
En la provincia de Ferreñafe, la alcaldesa Violeta Muro Mesones, fue sentenciada a un año de cumplimiento de reglas de conducta por agresión al exalcalde de esta jurisdicción, Jorge Temoche Orellano.
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque inició a mediados de este año diligencias preliminares por 120 días contra la citada alcaldesa por el presunto delito contra la administración pública, en la figura de negociación incompatible.
La investigación se origina ante la denuncia por la compra de 11 000 conservas de pescado anchoveta para destinarlos a los programas de complementación alimentaria de la población vulnerable de la provincia, pese a que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) advirtió que no eran aptas para el consumo humano.
Dialogamos con el abogado Gilberto Carrasco Lucero, quien refirió “aún en estos últimos cuatro años se habría incurrido en actos que generaron investigación y que son materia de acusación fiscal, tanto a nivel de gobierno regional y locales”.
“Si bien están culminando las gestiones de estas autoridades, eso no es impedimento para que posteriormente a la fecha de su culminación se continúe persiguiendo estos hechos que terminen con una sentencia”, aseveró.
Añadió “en un tiempo muy próximo que no creo que pase del 2023, debe haber una sentencia que defina estas situaciones porque a partir de ahora que ya existe la acusación sí sería responsabilidad del Poder Judicial que no defina la causa”.
“Lo que sí es materia de observación es la lentitud con la que ha manejado el Ministerio Público porque el Poder Judicial para actuar tiene que haber culminado la etapa de investigación y si no se culminó y no hay acusación”.
