El pasado 7 de julio, se aprobó el Decreto Supremo Nº 009-2022-MINEDU, el cual desde la Derrama Magisterial (DM) fue calificado de inconstitucional por la modificatoria que esta norma impone a su actual estatuto, considerando que violenta la propiedad privada y el fondo de los maestros del Perú, porque –sostienen– vulnera por completo la seguridad social de los docentes “siendo un atentado al sistema previsional del país y el Estado de Derecho”.

 

“Dicho decreto plantea intervenir directamente los estatutos de la institución mediante una imposición en la modificación de la estructura, ejerciendo influencia en una de las más eficientes asociaciones previsionales del país. Sin embargo, este acto no sería viable, ya que la jurisprudencia solo reconoce al Estado la capacidad de aprobar las modificaciones y estatutos, más no la de llevar a cabo un cambio”, aseveraron voceros de la DM.

 

Explicaron que son una institución de seguridad social privada –creada en 1965– de carácter privado y de autonomía administrativa, económica y financiera; perteneciente a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado, quienes voluntariamente deciden ser asociados para afrontar situaciones como retiro, invalidez y fallecimiento.

 

“Aún así, a un nivel de control, el Ministerio de Educación (MINEDU) actualmente tiene integrantes en el Directorio y en el Consejo de Vigilancia”, indicaron.

 

Asimismo evocaron que, en 1984, la institución –administrada en ese entonces por el Estado– era una empresa quebrada, hasta que pasó a manos de los maestros “que con una gestión eficiente lograron entregar más de S/ 780 millones a 75 000 docentes en los últimos 10 años. Asimismo, desde hace más de 25 años, está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que regula y garantiza el buen uso de los recursos”.

 

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Al respecto, el presidente de la Derrama Magisterial en el país, Luis Espinoza Tarazona, manifestó “esta es una alerta para las empresas privadas o entidades financieras, ya que quedaría como precedente que, con el objetivo de ser democratizadas, estas cuenten con un directorio elegido por el Estado, ocasionando así un quiebre en el Estado de Derecho”, advierte el directivo.

 

Finalmente, el titular de la institución previsional del magisterio peruano manifiesta que, junto a su equipo legal, interpondrán las acciones legales necesarias, agotando el espacio jurídico en el país, con el único objetivo de defender los derechos constitucionales de los más de 250 000 maestros y maestras asociados.