La Contraloría General de la República y la Policía Anticorrupción emplazan al Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque por información sobre proveedores aparentemente involucrados en simulación de compras de bienes de ayuda humanitaria en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

 

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el plazo de 120 días contra el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo y funcionarios del GORE por el presunto delito contra la administración pública por el citado caso.

 

Entre las diligencias se encuentra la recopilación de declaraciones e información, por lo cual se derivó al departamento Policial Anticorrupción de Lambayeque para que lo efectúe.

 

Según el Oficio n.° 000565-2022-CG/OC5343, el jefe del Órgano de Control Institucional (e) del GORE, Wilhelm Bustamante Coronel requirió al jefe de la Oficina de Logística, Jhohan Villegas Morales adquisiciones en marcas no consideradas dentro de las cotizaciones ofertadas por Perú Compras, incluso con precios que, al compararlos con los ofertados, se evidencia variaciones.

 

Esto se realiza tras la revisión de las órdenes de compra y sus documentos sustentatorios en el marco de la recopilación de información del COER, relacionada a la adquisición de bienes y servicios para ayuda humanitaria.

 

Por otro lado, este medio accedió al Oficio n.° 712-2022-SCG-DIRNIC, del 27 de mayo de 2022, suscrito por el mayor PNP, Abraham Cuadros Rojas, quien solicitó documentación sobre cuatro proveedores.

 

“Se solicita la remisión a esta unidad policial con el carácter de muy urgente toda la documentación relacionada a las empresas Pacifico SAC, Consorcio Inca E.I.R.L, Consorcio Díaz y Salazar E.R.L y Magaly Viviana Vargas Escurra”.

 

Asimismo, requiere el expediente de contratación, orden de compras, comprobantes de pagos, contratos, cotizaciones, entre otros documentos.

 

 

Al respecto, el consejero regional de Lambayeque, Williams Velásquez Bardales indicó “me alegra que la Policía Anticorrupción y el OCI estén tomando la importancia correspondiente después de tantos meses”.

 

“Esto se viene generando desde el año pasado, hubo denuncias orales de algunas personas y nosotros a nivel de Consejo denunciamos en marzo”, dijo.

 

Añadió “creo que ha pasado mucho tiempo y tenemos más de 7 millones determinados ante la comisión de estas compras irregulares y presumimos que deben existir más proveedores”.

 

“El gobernador tiene que dar muestras verdaderamente que deslinda con todas las presuntas irregularidades que se le están sindicando”, sostuvo.

 

Finalizó que también se pidió información a la comisión investigadora del Consejo Regional del citado caso.

 

“La Policía estuvo pidiendo a la comisión especial del caso y le respondimos que culminado el proceso se le haga el pedido correspondiente al Consejo Regional”, acotó.