El sonado caso ‘Veolia’ por el cual el Ministerio Público solicitó 6 años de cárcel para el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y otros implicados más, por el presunto delito de colusión agravada, alternativamente, negociación incompatible, debe programar en breve su audiencia de control de acusación.
Diario La Industria pudo conocer que, los 10 días que la norma otorga para que el Poder Judicial corra traslado del requerimiento acusatorio a las partes ya se habría cumplido, por lo que solo resta que el 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción a cargo del juez, Reynaldo Leonardo Carrillo, fije la fecha para el debate de las observaciones.
Fuentes del Poder Judicial indicaron a este medio de comunicación que aún no está programada dicha audiencia, esto a pesar que la última semana de abril se corrió traslado a las partes de la acusación que la fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, Karín Ninaquispe Gil, requirió.
LOS ACUSADOS
Como se recuerda, los primeros días de abril, el despacho fiscal a cargo de Ninaquispe Gil presentó la acusación ante el 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Chiclayo contra el alcalde Marcos Gasco, aparentemente autor del mencionado delito en la irregular contratación (para recojo de basura) a la empresa Veolia Servicios Perú SAC.
Entre los acusados como autores del citado delito también figuran: Cinthya del Milagro Flores Humanquispe (exgerente de Asesoría Jurídica), José Germán Flores Cabanillas (exgerente de Asesoría Jurídica), Cristian Rosenthal Ninapaytan (exgerente municipal), Ricardo Romero Rentería (exgerente municipal).
La medida también alcanza a Luis Alberto Ponce Ayala (exgerente de Planeamiento y Presupuesto), Juan Ibáñez Álvarez (exgerente de Administración), Oscar Ahumada Ramos (exjefe de Centro de Gestión Ambiental), Adriana Ghersi Burga (exjefa de la Unidad de Servicios y Gestión de residuos Sólidos), Edgardo Augusto Siaden Ortega (exsubgerente de Logística),
Asimismo, se les acusa en calidad de cómplices a Luis Bendezu Zevallos (representante legal de Veolia) y Ralph Montoya Vega (trabajador de Veolia).
EL CASO: PERJUICIO DE S/ 249 000
La acusación fiscal sustenta que Marco Gasco, en su condición de alcalde de Chiclayo, habría concertado con los representantes de la empresa Veolia en el marco del procedimiento de selección por Contratación Directa n.° 01-2019-MPCH, denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, por el periodo de 90 días calendarios.
El requerimiento acusatorio remarca que el Pleno del Concejo Municipal aprobó, en marzo de 2019, el desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos, cuyo acuerdo presentó inconsistencias, pues no se acreditaron elementos necesarios de la causal señalada.
Además, se observó que no se aprobó la contratación directa de las compactadoras.
A pesar de ello, en abril de 2019, el burgomaestre suscribió el contrato con la empresa Veolia luego de admitir y calificar la propuesta sin cumplir con requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases de la contratación directa.
Sin embargo –sostiene la Fiscalía– se le otorgó la buena pro a Veolia por S/ 1’ 896 750, monto mayor al valor estimado, por lo cual se generó un perjuicio económico a la comuna por más de S/ 249 000
