El magistrado Juan Guillermo Piscoya expresó que el terreno de 2 hectáreas de propiedad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y que servirá para la futura ciudadela judicial se encuentra expuesto a grupos de traficantes por la falta de un cerco perimétrico.

 

“En anteriores ocasiones nos han puesto en conocimiento las intenciones de algunas personas, que están al margen de la ley, de ocupar esas áreas que pertenecen a la Corte, pero nosotros ya hemos iniciado las acciones correspondientes para proteger el área destinada a la futura ciudad judicial”, indicó el también presidente de la Corte.

 

Precisó que dichas medidas “son insuficientes” porque tampoco cuentan con “los recursos para hacer el cerco o contratar personal de vigilancia que se encargue de esa labor”. En ese sentido, recordó el ofrecimiento del Gobierno Regional de Lambayeque para “asignar un presupuesto” a la construcción del cerco en el predio situado en el distrito de Pimentel.

 

No obstante, precisó que dicho compromiso no pudo realizarse durante el presente año debido a las modificaciones de las normas presupuestarias, por lo que invocó al Gobierno Central a “flexibilizar las normas que impiden acceder a ese presupuesto” y exhortó a las autoridades del Gobierno Regional a “buscar algún mecanismo para contar con ese apoyo que será de gran contribución al servicio de justicia de la región”.

 

El presidente de la Corte manifestó que, alternativamente, se logró el registró de un IOARR para la construcción del mencionado cerco perimétrico.